El Tratado Binacional Minero, los costos fiscales asimétricos y la falta de política industrial coordinada colocan a las empresas locales en desventaja. CAPRIMSA alerta por una “competencia desleal” y exige reglas claras.
El avance del proyecto Vicuña —que engloba los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en el noroeste de San Juan— volvió a encender alarmas en el ecosistema proveedor minero local. El motivo: al menos cinco empresas chilenas ya operan formalmente en el desarrollo, con contratos activos, vehículos registrados y logística desplegada en el territorio argentino. El dato generó un fuerte reclamo de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), que denuncia una creciente asimetría de condiciones frente a sus pares del otro lado de la cordillera.
“Nos enfrentamos a una competencia desleal que surge del propio sistema económico argentino y de un tratado binacional que fue firmado en otro contexto”, advirtió Fernando Godoy, titular de la entidad que representa a más de 100 pymes proveedoras de bienes y servicios mineros en la provincia.
Las firmas chilenas ya operativas en San Juan
Según confirmó CAPRIMSA, las empresas chilenas que ya prestan servicios en el proyecto son:
- Transportes CVU
- Transportes Ctuz
- AGV Chile
- Adinov Perforaciones
- Copera Chile
Todas están trabajando bajo el paraguas del Tratado Binacional Minero firmado entre Argentina y Chile en 1999, que facilita el tránsito, contratación e importación de servicios e insumos entre ambos países en zonas de frontera.
Ventajas comparativas estructurales
Los datos aportados por CAPRIMSA revelan un desfase de precios que deja fuera de juego a los proveedores locales:
| Rubro | Costo en Chile | Costo en San Juan |
|---|---|---|
| Alquiler de camioneta | US$ 1.500 | US$ 3.200 |
| Camioneta 0 km | 50% más barata | Doble valor |
| Campera técnica | 30% menos | 30% más cara |
| IVA general | 19% | 21% + otras cargas |
| Carga fiscal total sobre vehículo | 10–20% | Hasta 47% |
“La diferencia no está solo en el tipo de cambio o en el IVA, sino en toda la carga tributaria nacional y provincial que enfrentamos acá. Mientras nosotros financiamos el sistema, ellos compiten con ventaja”, remarcó Godoy.
Un tratado sin actualización y con renovación automática
El Tratado Binacional Minero fue concebido en un contexto regional muy diferente al actual. Firmado en 1999, su vigencia vence en 2029, pero si no se toma una acción formal, se renovará automáticamente por diez años más.
“Chile está feliz con este tratado, pero nosotros debemos discutirlo políticamente. Nos jugamos buena parte del futuro minero del país”, afirmó el presidente de CAPRIMSA.
Preocupación por empleo y contenido local
Además del frente impositivo, la provisión de mano de obra también genera controversia. Godoy denunció que si bien algunos trabajadores chilenos están registrados en gremios argentinos, otros operan sin regularización clara. El temor de los empresarios sanjuaninos es que, cuando el proyecto entre en fase de construcción plena (2026–2027), el terreno ya esté ganado por empresas extranjeras, dejando a los proveedores locales como simples espectadores.
“Vicuña podría demandar más de 700 proveedores. Es tres veces el universo de Veladero. No podemos dejar que nos pase por el costado”, señaló el dirigente.
Diálogo escaso con la empresa y el Gobierno
Godoy admitió que la relación con Vicuña es “difícil”, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos como Veladero. También dijo haber solicitado una reunión con el ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, para avanzar con una ley de compre local, similar a la de Salta, pero “los tiempos políticos no coinciden con la urgencia del sector”.
Análisis industrial: ¿cómo se articula la minería con desarrollo territorial?
El caso Vicuña vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta estructural: ¿puede la minería en Argentina motorizar un desarrollo industrial nacional si no se coordinan las condiciones fiscales, legales y financieras con una política de contenido local sólida?
En San Juan, más de 30 empresas proveedoras se han radicado en los últimos años apostando al crecimiento del sector. Pero si la infraestructura y los contratos estratégicos se asignan fuera del ecosistema local, se corre el riesgo de profundizar una matriz extractiva sin derrame real.
