La Legislatura santacruceña aprobó por unanimidad la modificación de la Ley Provincial Nº 3141. A partir de ahora, las empresas mineras, petroleras y pesqueras deberán contratar un 90% de trabajadores con residencia efectiva en la provincia. El gobierno busca garantizar arraigo y empleo local.
Un giro histórico en la regulación laboral
El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Vidal fija un esquema obligatorio de contratación: 90% de personal local y 10% foráneo. Para acceder a esos cupos, los trabajadores deberán acreditar un mínimo de seis años de residencia efectiva en Santa Cruz. El espíritu de la norma es evitar la “rotación migrante” de empleados de otras provincias y consolidar el empleo genuino para los santacruceños.
Un capítulo especial para proyectos bajo el RIGI
La ley también contempla un esquema diferenciado para los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). En esos casos, las empresas deberán emplear 60% de personal con residencia mínima de seis años en cualquier punto de Santa Cruz y 30% de trabajadores específicamente de la localidad donde se radique el proyecto. El objetivo es que los grandes desarrollos —mineros en particular— generen beneficios directos en las comunidades aledañas.
Controles y sanciones
La norma establece que los trabajadores deberán acreditar su residencia con DNI y certificado expedido por la autoridad competente. Además, prevé sanciones en caso de detectarse vínculos irregulares, como domicilios coincidentes entre empleados y empresas contratantes, que serán considerados incumplimiento. El Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la ley y poner en marcha los mecanismos de control.
Reacciones del gobierno y de la industria
“Con el nuevo esquema 90/10, el Gobierno provincial asegura que se promueve el arraigo, la inclusión laboral y el fortalecimiento del tejido social y económico”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.
Fuentes del sector minero reconocen que la ley impactará de lleno en la planificación de recursos humanos de proyectos como Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Don Nicolás, que emplean a miles de trabajadores. La discusión se abre también para los grandes desarrollos de oro y plata en carpeta, que deberán diseñar estrategias de capacitación para cumplir con la normativa.
Claves de la ley 90/10
- Ámbito de aplicación: minería, petróleo, pesca y grandes industrias en Santa Cruz.
- Esquema general: 90% trabajadores locales, 10% de otras provincias.
- Residencia mínima: 6 años comprobables.
- Proyectos bajo RIGI: 60% de la provincia, 30% de la localidad del proyecto.
- Sanciones: previstas por falsificación o domicilios irregulares.
- Plazos: reglamentación en 60 días por parte del Ejecutivo.
Impacto en la minería santacruceña
Santa Cruz es la principal productora de oro y plata del país, con más del 50% de la producción nacional. La nueva norma coloca a la provincia como pionera en exigir altos niveles de contratación local, en un contexto en que la minería enfrenta desafíos de licencia social y expectativas de mayor derrame comunitario. El interrogante es si la industria podrá sostener su competitividad internacional bajo esta obligación, y cómo se articularán los planes de capacitación para que la mano de obra local esté a la altura de la demanda técnica de los proyectos.
