El Gobierno Nacional incluyó la Ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias y San Juan respira aliviada: una definición legislativa podría destrabar más de USD 30.000 millones en inversiones mineras. Pachón, Altar, Los Azules y Vicuña dependen de una precisión técnica clave: saber qué es glaciar, qué es glaciar de roca y qué es ambiente periglacial.
La definición que falta: el freno invisible a la expansión del cobre argentino
San Juan, epicentro del renacimiento cuprífero argentino, enfrenta una paradoja difícil de sostener: tiene algunos de los proyectos más importantes del continente… pero no puede avanzar con ellos porque la Ley de Glaciares vigente carece de definiciones operativas ajustadas a criterios técnicos modernos. El gobierno de Javier Milei incluyó una norma aclaratoria en las sesiones extraordinarias, una señal política que el sector esperaba desde hace más de una década.
El problema es concreto: sin una distinción funcional entre glaciares, glaciares de roca y zonas periglaciales, ningún proyecto puede presentar informes ambientales, diseñar infraestructura ni planificar expansiones. San Juan —cuya cordillera concentra cerca del 11% de los glaciares del país— reclama una ley que respete la protección ambiental, pero que también permita trabajar con certezas. En palabras de una fuente provincial: “No estamos pidiendo flexibilizar controles; estamos pidiendo saber dónde podemos trabajar y dónde no”.
Pachón: el caso más crítico, atrapado entre estudios técnicos y un vacío legal
El proyecto Pachón, en Calingasta, operado por Glencore, se convirtió en el ejemplo más citado de cómo la falta de definiciones frena decisiones multimillonarias. La presencia de un glaciar de roca dentro de su área de operación impide siquiera presentar el Informe de Impacto Ambiental.
Los estudios contratados a equipos científicos de la UNSJ indicaron que ese glaciar de escombros no cumple funciones hídricas, no contiene hielo permanente y no opera como reservorio. Aun así, la empresa decidió no avanzar para evitar un eventual rechazo administrativo o judicial. Como explicó el CEO Martín Pérez de Solay en una conversación reciente: “La ley, tal como está escrita, genera incertidumbre en un país donde un reclamo judicial puede frenar todo de un día para otro”.
Pachón presentó su propuesta al RIGI con una inversión estimada de USD 9.500 millones, pero sin claridad normativa su avance es inviable. Desde el Ministerio de Minería de San Juan lo resumen así: “El proyecto está listo para avanzar; la ley es la que no lo está”.
Vicuña: el gigante de USD 15.000 millones que choca con diferencias entre inventarios
El clúster Vicuña —que integra a Josemaría y Filo del Sol— es la apuesta cuprífera más grande del país, con un desembolso proyectado de USD 15.000 millones bajo el RIGI. Ya tiene aprobada su primera Declaración de Impacto Ambiental y un horizonte productivo superior a los 50 años.
El conflicto aparece en su expansión futura: existe un glaciar de roca que figura en el inventario nacional pero no en el inventario provincial. Esa divergencia —producto de metodologías históricas distintas— detiene toda ampliación. Las empresas necesitan saber cuál de los dos inventarios será tomado como referencia legal.
Para una operación de escala internacional, una discrepancia de este tipo introduce un riesgo regulatorio incompatible con inversiones de décadas. En el sector lo explican con crudeza: “No se puede invertir USD 15.000 millones basándose en dos mapas que no coinciden”.
Altar y Los Azules: proyectos sólidos, pero con expansiones atadas a la nueva ley
Altar, operado por Aldebarán Resources, es uno de los proyectos estrella del renovado interés por el cobre sanjuanino. Su Estudio Económico Preliminar estima USD 1.590 millones de inversión y 50 años de producción. Sin embargo, futuras ampliaciones intersectan con un glaciar de roca cuya clasificación depende del nuevo marco legal.
Los Azules, por su parte, es hoy el proyecto con mayor dinamismo: ya cuenta con DIA aprobada, tiene el estudio técnico cerrado y proyecta iniciar construcción en 2026, producir en 2029 y obtener su primer cátodo en 2030. Con USD 3.170 millones comprometidos y el respaldo del RIGI, es el único que puede avanzar sin fricciones inmediatas.
Pero incluso aquí hay límites: su expansión futura involucra sectores donde también se identificaron glaciares de roca. El proyecto no está detenido, pero su crecimiento a largo plazo depende —igual que los demás— de una precisión normativa que hoy no existe.
Una incertidumbre regulatoria con efectos medibles: empleo, divisas y competitividad
La situación es crítica no solo para las empresas, sino para todo el ecosistema minero. La falta de definiciones de la Ley de Glaciares mantiene en pausa inversiones equivalentes al Producto Bruto de varias provincias.
San Juan, una de las jurisdicciones que más se benefició con la minería moderna, enfrenta una potencial pérdida de empleos directos, cadenas de proveedores especializados, divisas por exportaciones y presencia estratégica en el mercado global del cobre, clave para la transición energética.
Los gobernadores de provincias mineras impulsan una actualización que no cambia el espíritu de protección ambiental, sino que elimina ambigüedades. El término “ambiente periglacial”, hoy excesivamente amplio, es uno de los puntos más conflictivos: su definición incluye zonas que a veces tienen hielo y a veces no, y eso vuelve inoperables áreas donde técnicamente la minería es viable sin comprometer recursos hídricos.
Claves para entender el debate
- Cuatro proyectos afectados: Pachón, Vicuña, Altar y Los Azules.
- Inversiones comprometidas: más de USD 30.000 millones.
- Problema central: falta de distinción entre glaciar, glaciar de roca y ambiente periglacial.
- Consecuencia directa: impedimentos para presentar DIA, proyectar infraestructura o planificar ampliaciones.
- San Juan sostiene que la ley debe aclararse sin perder su objetivo ambiental.
Un punto de inflexión para la minería argentina
La discusión sobre la Ley de Glaciares dejó de ser técnica y se volvió estratégica: define si Argentina podrá o no aprovechar el boom del cobre para financiar su transición energética, generar empleo calificado y sostener su competitividad regional.
San Juan, que lidera el mapa nacional del cobre, necesita una ley clara para que los proyectos avancen. La pregunta que queda abierta es si el Congreso tomará una definición rápida o si el país seguirá perdiendo oportunidades en uno de los mercados más dinámicos del siglo XXI.
