El debate por la Ley de Glaciares vuelve a tensionar el desarrollo minero argentino. GEMERA, la cámara que representa a las empresas exploradoras, respaldó la reforma de la norma y reclamó definiciones técnicas precisas para destrabar proyectos hoy frenados por la incertidumbre jurídica.
Una ley ambiental que derivó en un problema técnico y operativo
El Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) expresó su respaldo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares Nº 26.639, una norma que, según el sector, terminó generando más conflictos interpretativos que certezas ambientales. La entidad aclaró que el objetivo no es debilitar la protección del agua, sino corregir ambigüedades que afectan directamente a la exploración minera en la cordillera.
Desde la cámara señalaron que la ley vigente habilitó interpretaciones excesivamente amplias, especialmente en lo referido a ambientes periglaciales, lo que en la práctica derivó en bloqueos preventivos de proyectos sin una evaluación técnica específica. Este escenario, advierten, afecta la planificación, incrementa el riesgo país minero y desalienta inversiones en etapas tempranas, donde la exploración es clave para confirmar el potencial geológico.
Para GEMERA, una norma ambiental sin definiciones claras no fortalece el cuidado del recurso hídrico, sino que genera discrecionalidad administrativa y judicial, debilitando tanto la protección ambiental como el desarrollo productivo.
Glaciares, periglacial y ciencia aplicada: el reclamo técnico del sector
Uno de los puntos centrales del posicionamiento de GEMERA es la necesidad de que la protección legal se concentre en glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones ambientales comprobables, principalmente como reservas de agua dulce y sistemas de recarga de cuencas hidrográficas.
La cámara sostuvo que no todos los ambientes fríos cumplen el mismo rol ecosistémico y que tratarlos de forma homogénea carece de sustento científico. En ese sentido, propuso avanzar hacia criterios técnicos claros, basados en estudios geológicos, hidrológicos y glaciológicos, que permitan evaluar cada proyecto caso por caso.
Este enfoque, remarcan, permitiría mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental, fortalecer el rol de las autoridades de control y evitar prohibiciones genéricas que no distinguen entre zonas críticas y áreas sin función hídrica relevante. Para la exploración minera, esta precisión resulta clave, ya que la mayor parte de los proyectos se localizan en regiones cordilleranas complejas desde el punto de vista geomorfológico.
Exploración paralizada y pérdida de competitividad regional
GEMERA advirtió que la falta de certeza jurídica derivada de la Ley de Glaciares es hoy uno de los principales factores que explican el estancamiento de la exploración minera en Argentina. Mientras países vecinos como Chile y Perú avanzan con marcos regulatorios claros que compatibilizan minería y ambiente, la Argentina acumula proyectos en espera.
El caso del cobre es paradigmático. Proyectos de escala mundial, como Los Azules, requieren previsibilidad normativa para sostener programas de exploración avanzada y dar el salto hacia etapas de desarrollo. En un contexto internacional marcado por la demanda creciente de cobre para electromovilidad, energías renovables y redes eléctricas, la falta de definiciones técnicas coloca al país en desventaja competitiva.
Desde el sector explorador alertan que cada año perdido en exploración es una década perdida en desarrollo, empleo y exportaciones, dado el largo ciclo de maduración de los proyectos mineros.
Federalismo minero y el peso de las provincias cordilleranas
Otro eje central del respaldo de GEMERA es el enfoque federal del proyecto de reforma. La iniciativa incorpora aportes surgidos de ámbitos institucionales como la Mesa del Cobre, presidida por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la Mesa del Litio, encabezada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.
Para la cámara, este punto es clave: las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales y cuentan con capacidades técnicas y regulatorias para evaluar proyectos en su territorio. Una interpretación armónica de la Ley de Glaciares debe, según GEMERA, respetar ese principio constitucional y evitar centralismos que desconocen la realidad geológica y productiva local.
El sector explorador subraya que sin articulación Nación–provincias no hay política minera viable ni control ambiental efectivo.
Exploración responsable y consenso como única salida
En su posicionamiento, GEMERA reafirmó su compromiso con una exploración minera moderna, transparente y alineada con estándares ambientales internacionales. La entidad sostuvo que la reforma de la Ley de Glaciares representa una oportunidad para ordenar el debate, salir de posiciones dogmáticas y construir reglas claras que protejan el agua sin bloquear el desarrollo.
Para el sector minero, el camino no es la confrontación permanente, sino el diálogo técnico e institucional. Sin consensos duraderos, advierten, la Argentina seguirá exportando conflictos en lugar de minerales.
La discusión que define el futuro de la minería argentina
La reforma de la Ley de Glaciares abre una discusión estructural para la minería nacional. No se trata solo de una norma ambiental, sino de la capacidad del país para generar exploración, atraer inversiones y posicionarse en el mapa global de minerales críticos.
