El gobierno santacruceño confirmó un avance firme en la aplicación de la Ley 3.141, conocida como ley 90/10, que obliga a priorizar la contratación de residentes de la provincia en la industria minera. La medida refuerza controles, incorpora un registro obligatorio de trabajadores y marca un cambio en la regulación laboral del sector.
Prioridad local: qué establece la normativa y su contexto
La Ley 3.141, vigente en Santa Cruz, exige que al menos un 90 % de los puestos en el sector minero sean ocupados por trabajadores con residencia santacruceña. Este esquema, conocido como 90/10, se apoya en la idea de que la expansión de la minería —uno de los pilares económicos de la provincia— debe traducirse en empleo para la población local y no solo en beneficios macroeconómicos.
El marco normativo, reglamentado en 2026, contempla mecanismos estrictos de fiscalización a través del Ministerio de Trabajo provincial y la obligatoriedad de inscribirse y declarar personal en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL). La información en este sistema tiene carácter de declaración jurada, lo que implica sanciones ante falsedades o irregularidades.
Controles más estrictos y fiscalización activa
Tras el vencimiento del plazo de adecuación de 90 días para que las empresas se ajusten a la ley, el Gobierno provincial anunció que pasará a una etapa de fiscalización mucho más rigurosa. Dentro de este proceso:
- Se intensificarán los controles en territorio para verificar la residencia real de los trabajadores.
- Se detectaron inconsistencias en domicilios declarados, consideradas como posibles casos de simulación de residencia local, lo que puede generar sanciones.
- Se reforzará el uso de la plataforma SIREL para monitorear en tiempo real el cumplimiento de los cupos laborales exigidos por la ley.
Además, la normativa admite excepciones del 10 % para personal jerárquico o altamente especializado, pero estas no son automáticas. Las empresas deben justificar la ausencia de perfiles locales y, además, presentar planes de capacitación para formar trabajadores santacruceños que puedan ocupar esos roles en el futuro.
Retos de la implementación y diálogo con empresas
En reuniones recientes entre autoridades provinciales y compañías mineras que operan en Santa Cruz —como Cerro Vanguardia, Patagonia Gold, Minera Don Nicolás, Minera Santa Cruz, Estelar Resources y Oroplata— se evaluó la situación actual de empleo y los pasos a seguir.
Desde el sector privado, aunque existe respaldo a la prioridad del empleo local, también se reconoce que la formación de perfiles técnicos y jerárquicos es un desafío estructural. La escasez de ingenieros y técnicos con residencia local, por ejemplo, requiere inversiones en educación y capacitación para sostener el objetivo de 90/10 sin afectar la competitividad de las operaciones.
Este diálogo entre gobierno y empresas ha sido destacado como un factor clave para balancear las exigencias de la ley con las realidades operativas del sector minero.
Claves de la nueva etapa en empleo local
- 90 % de empleo local obligatorio: la gran mayoría de la masa laboral debe ser santacruceña.
- Controles más estrictos: verificación de domicilios y sanciones por irregularidades.
- Registro digital obligatorio: SIREL monitorea en tiempo real el cumplimiento.
- Excepciones justificadas: personal especializado puede representar hasta 10 %, siempre con plan de formación local.
- Capacitación como herramienta estratégica: el desafío principal está en formar capital humano local competitivo.
Hacia un modelo minero con impacto social
La implementación reforzada de la Ley 90/10 en Santa Cruz representa una nueva etapa en la relación entre el Estado y la industria minera. Más allá de asegurar empleo local, la norma busca consolidar un modelo en el que el crecimiento de la actividad extractiva se traduzca en desarrollo humano, formación profesional y oportunidades sostenibles para la población de la provincia.
