La minería argentina dejó de ser una promesa de largo plazo para comenzar a convertirse en uno de los principales destinos de las grandes inversiones que buscan ingresar al país. Los números presentados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) muestran la magnitud del proceso: 17 proyectos mineros fueron presentados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto cercano a los US$39.000 millones, mientras que 12 de esas iniciativas ya obtuvieron la aprobación del Gobierno nacional por aproximadamente US$21.000 millones.
El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se lo compara con el conjunto del régimen. De las 22 iniciativas que habían sido aprobadas dentro del RIGI, 12 corresponden al sector minero. Es decir que la minería concentra más de la mitad de los proyectos autorizados y se posiciona por encima de otras actividades económicas en cantidad de iniciativas admitidas. Los cinco proyectos mineros que todavía permanecen en evaluación podrían incorporarse durante los próximos meses, de acuerdo con las expectativas expresadas por la CAEM.
No se trata solamente de una cuestión de cantidad de proyectos. Detrás de esos expedientes aparece una transformación profunda de la estructura productiva argentina, particularmente por el protagonismo que están adquiriendo el cobre y el litio. Durante décadas, Argentina contó con importantes recursos minerales pero no logró desarrollar una cartera de grandes proyectos capaz de modificar significativamente el peso de la minería dentro de su economía. El RIGI busca cambiar precisamente esa ecuación al ofrecer condiciones especiales para inversiones de gran escala y largo plazo.
El cobre vuelve a ocupar el centro de la escena
El presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, sostuvo que el RIGI fue un factor determinante para que grandes inversores internacionales decidieran avanzar con proyectos que durante años permanecieron en distintas etapas de evaluación. Según explicó durante una exposición en el Senado, el régimen fue una herramienta contundente para que los inversores mineros comenzaran a poner en valor especialmente los proyectos de cobre.
La importancia del cobre no es menor. Argentina posee una cartera de grandes emprendimientos que podría convertir al país en un nuevo jugador relevante del mercado internacional, justamente en un momento en el que la transición energética, la electrificación y la expansión de las redes eléctricas están aumentando la demanda mundial del metal.
Desde la CAEM estiman que existen seis grandes proyectos cupríferos en condiciones de avanzar hacia su desarrollo, mientras que el litio también mantiene una fuerte presencia, con emprendimientos que ya producen y otros que se encuentran en procesos de ampliación.
La combinación entre cobre y litio es particularmente significativa porque permite pensar en una minería argentina con una matriz más diversificada. El oro y la plata continúan teniendo un peso importante en las exportaciones actuales, pero los grandes proyectos de cobre y los desarrollos de litio pueden ampliar considerablemente el volumen de producción, exportaciones y demanda de proveedores durante las próximas décadas.
El desafío, sin embargo, está en transformar los números de los expedientes en movimiento real sobre el terreno. Una aprobación dentro del RIGI no significa que automáticamente una inversión de miles de millones de dólares se transforme al día siguiente en una mina operativa. Antes aparecen años de ingeniería, construcción, contratación de trabajadores, desarrollo de infraestructura, adquisición de maquinaria y puesta en marcha.
Y justamente allí se encuentra la próxima etapa de la minería argentina.
De los US$21.000 millones aprobados a las obras
Las proyecciones de la industria permiten dimensionar lo que podría ocurrir si la cartera de proyectos avanza de acuerdo con los cronogramas previstos. Las empresas mineras esperan inversiones de entre US$2.400 y US$2.500 millones durante 2026, un volumen que subiría hasta unos US$4.500 millones en 2027. A partir de 2028, la expectativa es alcanzar un ritmo de entre US$7.000 y US$7.500 millones anuales.
La diferencia entre una etapa y otra es importante. Durante los primeros años, buena parte del dinero debe destinarse a ingeniería, infraestructura y construcción. Luego, cuando los proyectos comienzan a producir, aparece una demanda permanente de bienes y servicios, empleo, transporte, energía, combustibles, mantenimiento y proveedores especializados.
Por eso, el verdadero impacto del RIGI no debería medirse únicamente por el monto de inversiones anunciadas o aprobadas. El indicador decisivo será cuánto de ese capital termina efectivamente ejecutándose y cuánto valor genera dentro de la economía argentina.
La propia CAEM reconoce que los proyectos deben atravesar diferentes etapas antes de transformarse en obras concretas. Y esa transición será probablemente una de las principales discusiones de los próximos años: Argentina consiguió atraer nuevamente capitales para la minería, pero ahora tiene que demostrar que puede construir los proyectos en tiempo y forma.
También será necesario que el crecimiento de la actividad encuentre una estructura productiva preparada para acompañarlo. La expansión de la minería demandará caminos, energía, infraestructura logística, proveedores, profesionales, técnicos y trabajadores especializados. Si los proyectos avanzan simultáneamente, la presión sobre esa cadena de abastecimiento será considerable.
El problema que el RIGI intenta resolver
Una de las razones por las cuales la industria considera relevante el régimen es la competitividad. De acuerdo con la comparación realizada por la CAEM, antes del RIGI la carga tributaria total sobre los proyectos podía superar el 50%, mientras que bajo el nuevo esquema se ubicaría aproximadamente entre el 38% y el 40%. El sector compara ese nivel con países mineros como Chile, Perú, Australia y Canadá, que compiten directamente por atraer capital internacional.
Para una industria que necesita desembolsar miles de millones de dólares antes de comenzar a recuperar la inversión, la previsibilidad tiene un peso enorme. Una mina puede demandar varios años de construcción y luego permanecer en producción durante décadas. Por eso, las compañías no solamente analizan el potencial geológico de un yacimiento: también evalúan impuestos, acceso a divisas, reglas cambiarias, estabilidad normativa, infraestructura y mecanismos para resolver controversias.
En ese sentido, el RIGI incorpora garantías que las empresas consideran relevantes para proyectos de largo plazo, entre ellas el acceso progresivo a las divisas generadas por las inversiones y mecanismos internacionales de resolución de controversias.
Cacciola también puso sobre la mesa un problema histórico: Argentina ya contaba desde la década de 1990 con la Ley de Inversiones Mineras 24.196, pero desde la perspectiva de la industria varias de sus disposiciones fueron incumplidas a lo largo del tiempo. Esa pérdida de previsibilidad, según la CAEM, terminó perjudicando durante años la llegada de grandes capitales para proyectos mineros.
La diferencia ahora es que el capital comenzó a aparecer nuevamente.
El verdadero desafío empieza después de la aprobación
Los US$39.000 millones presentados al RIGI representan una señal contundente del interés que despierta la minería argentina. Los US$21.000 millones ya aprobados constituyen un paso todavía más concreto. Pero el número que finalmente determinará el éxito del proceso será otro: cuánto dinero efectivamente llega al territorio y cuánto termina convertido en minas, plantas, caminos, líneas eléctricas, empleo y exportaciones.
La oportunidad es particularmente grande para las provincias mineras. San Juan, Salta, Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y otras jurisdicciones pueden convertirse en receptoras de una nueva ola de inversiones que no solamente impacte sobre las compañías titulares de los proyectos, sino también sobre cientos de empresas proveedoras.
La minería de gran escala requiere desde servicios de ingeniería y perforación hasta transporte, alojamiento, alimentación, mantenimiento, tecnología, comunicaciones, construcción y logística. Cada proyecto puede convertirse así en un polo de actividad económica que exceda ampliamente los límites físicos de la mina.
Argentina ya consiguió algo que durante mucho tiempo parecía difícil: volver a competir por grandes inversiones mineras internacionales. Ahora comienza la parte más compleja. Los proyectos tendrán que construirse, las inversiones deberán ejecutarse y las provincias deberán estar preparadas para aprovechar el impacto económico.
El RIGI abrió la puerta. Los próximos años determinarán cuántos de esos casi US$39.000 millones terminan convirtiéndose en producción minera argentina.
