Gabriel Boric señaló que el Estado participará en todo el ciclo productivo del litio aunque se realizará una alianza público-privada.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo el jueves que nacionalizará la industria del litio del país y creará una empresa estatal independiente para producir el metal con el que se fabrican baterías para vehículos eléctricos, al anunciar su largamente esperada política nacional del litio.
Boric dijo que los futuros contratos de litio sólo se harán como asociaciones público-privadas con control estatal, y añadió que el Gobierno no rescindiría los contratos existentes con SQM SQMA.SN y Albemarle Corp ALB.N, pero que buscaría una participación estatal antes de que expiren los contratos.
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El mandatario, que habló a través de una cadena nacional de medios de comunicación, señaló que el Estado chileno participará en todo el ciclo productivo del litio en virtud de una alianza público-privada, en la que “el control lo tendrá el Estado”.
“Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, añadió.
Agregó que se impulsará la generación de productos de litio con valor agregado, y no sólo la extracción. El desafío del país es, según sus palabras, que se transforme en el principal productor de litio del mundo.
El mandatario explicó que el litio sólo se extrae desde el salar de Atacama, en el norte del país, y que representa más del 30% del mercado global. Puntualizó que en el país sudamericano hay otros 60 salares.
Ante el planteamiento de crear una Empresa Nacional del Litio, Boric indicó que ésta no se establecerá de manera expedita porque el proyecto de ley para crearla requiere quórum calificado, lo que significa que debe ser aprobada por una mayoría absoluta de los diputados y senadores en un Congreso muy fragmentado.
Mientras se tramita el proyecto, serán empresas estatales como la Corporación Nacional del Cobre la que suscribirá los acuerdos con privados en las licitaciones para explotar los yacimientos del mineral.
La ministra de Minería, Marcela Hernando, recientemente explicó ante el Congreso que el Estado chileno no puede avanzar solo en la explotación del litio porque “la tecnología y los conocimientos están en la industria privada”, por lo que debe hacerse en una alianza público-privada.
Sin embargo, enfatizó que “el Estado es el dueño del litio”, lo que es “intransable” para el gobierno.
Actualmente, son dos las empresas que explotan el mineral en el país sudamericano: la estadounidense Albemarle y la Sociedad Química y Minera, Soquimich, cuyo controlador desde hace hace tres décadas es Julio Ponce, un ex yerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Boric señaló que sus actuales contratos serán respetados, aunque no descartó que el Estado se asocie con ellas.
Soquimich aportó por la explotación del año pasado y por el arriendo de un salar con yacimientos de litio más de 5.000 millones de dólares al Estado, casi el doble de lo generado por la compañía estatal de cobre, mientras que Albemarle lo hizo con 600 millones de dólares.
La ministra también aclaró que los privados que quieran aprovechar el litio deberán hacerlo por explotación directa y no a través de la evaporación, un sistema que implica vaporizar dos millones de litros de agua por cada tonelada del mineral.
Especialistas estiman que la demanda por litio aumentará considerablemente en las próximas dos décadas debido a la transición energética hacia energías renovables y a que los vehículos eléctricos usan baterías de litio.
Chile tiene la tercera mayor reserva mundial de litio con 9,6 millones de toneladas, solo detrás de Argentina, con 19,3 millones toneladas, y de Bolivia, con 21 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El año pasado Chile fue el segundo productor mundial con un estimado de 39.000 toneladas métricas, después de Australia, con 61.000 toneladas.
Boric comparó su plan de explotación del litio con la decisión del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) de estatizar el 51% de la minería del cobre, y del presidente Salvador Allende, con acuerdo unánime del Congreso, en 1971, de nacionalizar la propiedad restante de la industria cuprífera.
