Los mismos que frenaron el avance minero, hoy insinúan habilitarlo
La minería en Chubut ha sido históricamente un tema de fuerte controversia. Rechazada por amplios sectores sociales y resistida por diversos actores políticos, parecía haber encontrado un límite infranqueable en la Ley 5.001, que desde 2003 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia.
Sin embargo, los vientos parecen estar cambiando. Y no por convicción técnica o cambios en los métodos extractivos, sino por conveniencia política.
En un giro que para muchos resulta tan sorpresivo como inquietante, algunos dirigentes que antes se oponían abiertamente a la minería ahora comienzan a abrirle la puerta. El debate en torno al uranio —y la posibilidad de modificar la Ley 5.001— funciona como catalizador de este cambio de postura. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué quienes antes frenaban proyectos hoy se convierten en sus impulsores?
Cuando el «no» ya no es tan firme
Los antecedentes están frescos: en 2021, la fallida aprobación de la zonificación minera —impulsada por el entonces gobernador Mariano Arcioni para habilitar el Proyecto Navidad— desató una crisis institucional y social sin precedentes. Incendios en la Casa de Gobierno, protestas masivas y un repudio generalizado forzaron al Ejecutivo a derogar la ley pocos días después de sancionarla.
En aquel momento, intendentes, legisladores y dirigentes del justicialismo, la UCR y otras fuerzas se alinearon con el rechazo popular. Sin embargo, el nuevo contexto económico, el recorte de fondos nacionales y la necesidad de generar recursos propios parecen haber modificado ese mapa político.
Hoy, varios de esos actores empiezan a hablar de minería como una «oportunidad estratégica». Se menciona el uranio como fuente energética limpia, se promueve la creación de una empresa provincial de energía y algunos legisladores ya no descartan revisar el marco normativo vigente.
Silencios reveladores y guiños al sector
En paralelo, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPEM), liderada por Gerardo Cladera —ex proveedor de Pan American Silver— vuelve a posicionarse como vocera de la minería chubutense. Incluso figuras del justicialismo que en su momento se mostraron férreamente antiminera hoy hablan de la necesidad de «repensar el desarrollo productivo» de la provincia.
¿Cambio genuino o realineamiento táctico?
Este viraje genera más dudas que certezas. ¿Se trata de un cambio genuino basado en información y diálogo con la ciudadanía, o simplemente de un realineamiento táctico ante la urgencia económica? ¿Qué garantías existen de que no se repita la experiencia del Proyecto Navidad, marcado por la opacidad comunicacional y la imposición vertical?
Las comunidades de la Meseta, que alguna vez apoyaron proyectos mineros en busca de desarrollo, hoy reclaman un proceso participativo real, con acceso a la información y beneficios concretos. Mientras tanto, en las ciudades costeras, el movimiento ambientalista sigue siendo fuerte, y las señales de viraje político son vistas con recelo.
¿Viene otro diciembre?
Chubut parece dirigirse nuevamente hacia un punto de inflexión. Pero esta vez, con un escenario más difuso y una clase política que, en lugar de liderar un debate serio y transparente, parece tantear el terreno a conveniencia. El riesgo de repetir errores del pasado está latente: comunicar mal, avanzar sin consenso, y luego tener que retroceder a la fuerza.
La historia reciente es clara: sin licencia social, la minería en Chubut no avanza. Si los dirigentes que hoy ensayan un giro en su discurso no logran construir confianza con la ciudadanía, el resultado podría ser otro diciembre caliente como el de 2021.
