El Gobierno nacional avanza, a paso firme, en una nueva política para la minería en Argentina. De hecho, es inminente el lanzamiento del llamado Plan Estratégico para el Desarrollo Minero a 30 años con un mapa de inversiones en el que, sin decirlo en voz alta, se incluye la potencial explotación de oro y cobre de la provincia. Y en cuya elaboración silenciosamente trabajaron 4 referentes mendocinos.
“Está finalizado y estamos a punto de presentarlo”, adelantó el propio secretario de Minería, Alberto Hensel, sobre el plan que lanzará en los próximos días el presidente Alberto Fernández. Y se define como “una visión de vastos sectores de la sociedad argentina” y una “construcción colaborativa” para desarrollar una minería “ambientalmente sostenible y económicamente competitiva”.
Detrás del diseño del plan, que casi 10 meses (empezó el 30 de julio de 2020 y se cerró a fines de mayol) hubo equipos por temáticas como lo legal, la competitividad y la normativa ambiental. Entre los más de 100 participantes estuvieron Raúl Rodríguez, presidente de Camem (Cámara Mendocina de Empresas Mineras); Guillermo Pensado, ex titular del proyecto uranífero Huemul; y los geólogos Eddy Lavandaio y Marita Ahumada, referentes en sustentabilidad e inclusión.
El aporte de los mendocinos toma relieve para las pretensiones del Gobierno. Ante un grupo de empresas británicas, Hensel destacó el potencial de la minería en Argentina: en la gatera, inversiones potenciales por u$s 30 mil millones y más de 100 mil puestos de trabajo, de la mano de 300 proyectos en distintas etapas. Además de la previsión de “triplicar las exportaciones”.
“Incluimos proyectos en explotación y factibilizados, pero si se habilitan en aquellas regiones restringidas se podrían multiplicar varias veces. Aunque compartimos el potencial que hay en la cordillera, hoy exportamos sólo el 10% de lo que lo hace Chile, por lo que triplicarlas sería sumar más de u$s 10 mil millones, nada despreciable para un país que necesita divisas”, explicó a Sitio Andino el jefe de Gabinete de Minería, Hugo Nielson, al confirmar que el plan incluye un reporte de yacimientos, incluídos los de Mendoza, con el slogan “en vez de prohibir hay que controlar”.
Legislación “armónica”
En la llamada “memoria viva” del plan quedaron plasmados los aportes de los mendocinos. Y si hay un aspecto sensible y siempre controversial es el marco jurídico-legal, que en los últimos años ha dividido aguas entre las distintas jurisdicciones regionales.
“Hubo que pelear bastante, pero logramos incluir un planteo gracias a aliados como Chubut, que igual que Mendoza lidia con un marco legal restrictivo. Unificar criterios sobre procedimientos para invertir, que en cada provincia varían por plazos de habilitación u otorgamiento de permisos: así se impuso la idea de aplicar lo que dispone el Código de Minería nacional”, explicó Raúl Rodríguez, de CAMEM, sobre su participación como abogado especializado en la materia.
Para Rodríguez, fue la forma de lograr “una armonización de legislaciones en pos de la mentada seguridad jurídica, para que sobre todo los capitales extranjeros sepan que van a contar con reglas de juego claras. Y si, por ejemplo, se enfocan en un proyecto minero biprovincial, evitar que de un lado le exijan cien requisitos y en el otro cinco o seis”.
Cómo asegurar competitividad
La mirada del negocio y la rentabilidad, sin quitarle un ojo a un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente (el gran debate que mantiene frenado el despliegue de inversiones, como ocurre en Mendoza), fue otro de los ejes de las mesas con protagonismo mendocino.
En ese aspecto, los geólogos Guillermo Pensado y Eddy Lavandaio, ex titular de la Asociación de profesionales, propusieron una mejor distribución de los impuestos de la minería hoy 80%/20% entre Nación y Provincia. “No es un reparto equitativo. Se trata propiciar un cambio, teniendo en cuenta que incluso la mitad de las ganancias de una minera se quedan en el Estado”, coinciden, no sin mencionar la necesidad de desarrollar empresas de servicios locales, y más infraestructura.
Un cuarto ítem es el manejo del riesgo con integración de capitales extranjeros y locales. Para Pensado, con 15 años de experiencia en Huemul y hoy consultor para proyectos de oro y plata en Mendoza, “frente a un gran yacimiento de oro las probabilidades de éxito no superan el 3%, lo que implica un alto riesgo económico, a lo que hay que sumarle el riesgo político (transparencia) y social, que se asumirían para poder explorar, aún desconociendo que ocurrirá de acá a 10 años”.
A su criterio la competitividad “es desarrollo sostenible en base a 3 patas concatenadas: ambiente, desarrollo económico y social. Según el Foro Económico Mundial, en pleno siglo XXI ser competitivo no pasa sólo por producir barato y vender en dólares, dejando de lado el impacto interno en el país. Porque lo barato sale caro”.
Otro aspecto es adaptar el marco legal de los ’90 “más pensado para la apertura de minas” en una Argentina con mayor potencial industrial. “En lo ambiental se necesita una ley de “cierre de minas”, para complementar a la de Protección Ambiental”, aporta Lavandaio, autor de “Conozcamos más de minería- de la mina a la Ciudad”, publicado por el Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino).
Para el experto “es hora de terminar con el éxodo de muchas provincias cordilleranas hacia el puerto y otros puntos, como ya lo está haciendo Salta. Hay 10 yacimientos en condiciones de explotarse que captarían unos 30 mil millones, pero los capitales eligen el destino con mejor clima de negocios y en eso el tema impositivo es fundamental”.
Incluir, asociarse y algo más
De la mesa de inclusión participó Marita Ahumada, miembro de CAMEM, docente y graduada en Gestión Ambiental de Recursos Minerales en España. Al respecto, la reconocida experta, que también dirige Women in Minning Argentina señaló que “además de elaborar un documento sobre la visión compartida sobre el futuro de la minería argentina, pudieron resolverse planteos de gente “no minera”.
Pero Ahumada también colaboró con el capítulo de inclusión, que apunta a eliminar algún tipo de discriminación, la perspectiva de género y con nuevos colectivos sociales, pero también desde el punto de vista de la construcción de proveedores de servicios “para participar de un factor multiplicador tan importante para la economía”. En cualquier caso, un concepto conectado con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que impulsa la ONU, al 2030.
La geóloga mendocina admite que un déficit para impulsar una minería sustentable pasa por la comunicación “y un trabajo conjunto con las autoridades para encarar una campaña seria; hay una bajada de línea en las aulas pasan más por convicciones políticas y mitos que están lejos de la cuestión científica. Que se pierdan los miedos en la población, para que se sepa que trabajamos en circuitos cerrados y somos los principales cuidadores del agua y el ambiente en general”.
Por su parte, con el antecedente del proyecto Cerro Vanguardia, que en algún momento el grupo argentino Pérez Companc encaró junto a capitales sudafricano (y dejó para crear la alimenticia Molinos), Lavandaio rescata las alianzas como colchón para inversiones a riesgo y a largo plazo.
“No hay que dejar de lado la atracción de capitales que conocen el negocio, ni la importancia de una sociedad mixta. Un caso privado-público exitoso fue La Alumbrera en Catamarca, donde una empresa estatal se unió a un consorcio internacional con un 20% de las utilidades, un modelo que tienda a replicarse”, añade el especialista, antes de citar a Fomicruz la firma pública santacruceña que participa con 5% “porque la participación no debe ser tan grande como para impedir el negocio”.
Fuente: Sitio Andino
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