Lo manifestó el presidente de la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA), Ovidio Palacio. Agregó que el proyecto, que lleva el número 129/20, va en contra de principios constitucionales al prohibir toda actividad minera en la provincia. Expresó por ello la “extrema preocupación” del sector.
El presidente de la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA), Ovidio Palacio, advirtió que si prospera en la Legislatura el proyecto de Ley de Iniciativa Popular -bajo el número 129/20- que prohíbe todo tipo de actividades mineras en Chubut habrá “un impacto muy amplio y nocivo”, con pérdidas de fuentes de empleo en la provincia. Y agregó que va en contra de la Constitución, que tanto a nivel provincial como nacional incentiva a la industria.
Palacio expresó la “preocupación” de todo el sector industrial, porque “el proyecto de Iniciativa Popular puede tener un impacto en la provincia y también en Madryn”, en declaraciones a la radio LU 17 de esa ciudad.
“El proyecto es muy amplio, tiene aspectos con muchas vaguedades y faltan definiciones concretas”, lo cual, dijo, “puede llevar a un extremo por el que realmente se afecte la economía en la provincia, ya de por sí alicaída y comprometida”.
“Desde la constitucionalidad y desde las actividades que hoy se desarrollan en la provincia estamos frente a una situación problemática”, sostuvo, y consideró que “los recursos son sustentables cuando se considera lo ambiental, lo social, lo económico”.
Zona de riesgo
“Como se sabe, actualmente hay un problema que es la falta de empleo. Nosotros desde la Cámara buscamos progresar en las actividades para lograr desarrollo. Pero cuando hablamos de cuestiones que son absolutamente abarcativas, sin definiciones concretas, y en las que se quiere prohibir actividades, estamos en una zona de riesgo en lo laboral y en lo social”, enfatizó.
Palacio aseguró que la actividad industrial “está controlada en Chubut, pero en este caso ya estamos avanzando sobre la Constitución Nacional, que nos marca principios de proporcionalidad de las leyes, de educación, de trabajo”.
Además “también tiene un impacto que debe analizar la Legislatura porque estaríamos en vísperas de un conflicto y no estamos en un momento desde lo laboral, lo social y lo económico como para perder demasiado tiempo en cuestiones que son muy ambiguas y que no nos llevan a un puerto seguro”.
Amplio y ambiguo
En este marco, insistió, “estamos extremadamente preocupados porque ese proyecto es tan amplio y ambiguo que prohíbe el uso de detergentes, elementos espumantes, minerales. Todo eso apunta no solo a los proyectos mineros metalíferos sino también a otros procesos y subprocesos en el tratamiento de metales y de no metales”.
Puso como ejemplo que “la molienda, el refinamiento de metales y su almacenamiento, como puede ser el cemento en Comodoro Rivadavia o las áreas silíceas en el Valle”, pueden estar perjudicados, y agregó: “Supongamos que en Madryn prohibamos el acopio de minerales. Entonces la empresa que tenemos como líder podría tener problemas”, dijo en alusión a Aluar.
“Puede llegar a un extremo tal que la industria del corte y aserrado de roca tenga que ser limitada o prohibida directamente”, agregó.
“El impacto que puede tener la Iniciativa Popular puede ser muy amplio y nocivo para la provincia. Con esto vamos a provocar falta de trabajo, que las empresas se vayan a radicar a Santa Cruz. Entonces creemos que es un proyecto que debe ser entendido con parámetros técnicos, económicos y sociales, ya que puede ponernos en una zona de alto riesgo”, insistió.
Y concluyó: “Tenemos que progresar en las normas y en las actividades industriales en la provincia, pero con el fin de lograr un verdadero desarrollo. Mientras tanto, vamos a tener situaciones de conflicto y a seguir en la incertidumbre hasta que esto deba decidirse en los más altos estamentos de la Justicia”.
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