Pensar la minería más allá de los fundamentalismos a favor o en contra.
La relación entre la industria minera y desarrollo de los pueblos es una deuda histórica que atiza el conflicto. En tanto, se sostienen banderas en contra de la actividad a veces equívocas.
En 2020 las regalías mineras dejaron a la provincia $ 109.555.451,76M. Aportes adicionales en concepto de fideicomiso, sueldos, entre otros, suman $ 21.600.707, 36 (de la empresa Livet). El total es $ 131.156.159,12. A esto también hay que agregarle casi 58 M de ingreso por canon minero.
En compras de bienes y servicios catamarqueños, la cifra supera los dos billones. Exactamente 2.917.144.387,02. La que mayor aporta en esta variable es la empresa de capital estatal YMAD, con casi $ 355M. YMAD también es la que más empleo genera, con 433, sobre un total de 941 puestos de trabajo, casi 200 puestos más que en 2018.
El primer punto para pensar la cuestión acerca de la discusión sobre la minería, sería plantear si es posible pensar el mundo sin la actividad minera, en el cual representa el 30% del PBI. Eso parece imposible, no solo en un mundo netamente capitalista como el actual, sino en términos históricos y sobre la base de la condición de desarrollo de la especie. Y teniendo en cuenta los números anteriores y los recursos que posee la provincia, si es posible pensar a Catamarca sin minería.
En Andalgalá, los pobladores prehispánicos fundían bronce en huayras (hornos) y se ha detectado la presencia de arsénico en los yacimientos arqueológicos. Esto, claro está, solo es un ejemplo local de que la minería es, como la tradición textil y alfarera, una actividad también ancestral. Por supuesto, el dato no es una medida para evaluar el impacto ambiental que genera la producción a gran escala del capitalismo. Pero tampoco se puede reducir a una visión capitalista. En los 70, la Unión Soviética estaba entre los primeros países mundiales de producción minera. Es decir, la minería ha estado asociada en todos los sistemas sociales al desarrollo.
Por otra parte, el impacto ambiental y la defensa del agua, son las principales banderas antimineras. Sin embargo, y sin negar el impacto ambiental de la minería, no es la actividad que más contaminación produce, ni la que más agua consume, o la que más contamina el subsuelo.
En Argentina, como en el mundo, la industria más contaminante es la agricultura. Un informe de la FAO indica que “En promedio, en la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo”, y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor del “uso consuntivo del agua” debido a la “evapotranspiración de los cultivos”, es decir que el recurso usado se extingue. La FAO estima que el agua destinada al riego “aumentará un 14% para 2030”.
Al problema del agua, la agricultura, como se sabe, suma el uso de los agroquímicos. “La agricultura es el mayor productor de aguas residuales, por volumen, y el ganado genera muchas más excreciones que los humanos. A medida que se ha intensificado el uso de la tierra, los países han aumentado enormemente el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y otros insumos”, dice otro informe de la FAO de 2018.
Sin embargo, aunque se lucha contra el uso de los agroquímicos, nadie hace marchas “antiagricultura” por el agua. Es difícil protestar de un modo fundamentalista contra una actividad de la cual dependemos directamente. El debate en este caso se encamina a buscar alternativas sustentables que disminuyan el impacto y cambiar la lógica de consumo de las poblaciones.
En este sentido, Ricardo Robador, secretario de Medio Ambiente de la provincia, señaló que “con la agricultura tenemos un gran impacto sobre los bosques nativos, es un impacto que viene arrastrado desde cuando se lanzaron los diferimientos. En la década de los 90 se desmontó mucho. También la explotación intensiva del agua subterránea, porque casi todos los grandes proyectos de agricultura funcionan con pozos y bombean, entonces el impacto va sobre el bosque nativo y sobre el agua subterránea”, señaló.
En cuanto a la generación de residuos peligrosos, Robador observó: “La minería se equipara a otras grandes industrias, porque todas generan residuos peligrosos, y en cuanto al agua podríamos decir que el sector productivo consume y genera un impacto mayor, la demanda de agua que tienen los diferimientos productivos es muy muy relevante”, concluyó.
Teniendo en cuenta estos patrones, la pregunta que se impone es de un orden sociológico, por qué la bandera de la defensa del agua se arroja contra la minería y no contra la agricultura que tiene sobre el recurso hídrico un impacto mayor. Es muy probable que la negación a la minería entrañe, cuando supera la razonabilidad ambientalista, otros factores sociales, que por estas regiones se relaciona con la pervivencia de una memoria de la conquista y del saqueo, así como prácticas colonizantes que perviven en la región y que han producido una resistencia histórica legítima de disputa por los territorios.
Por otro lado, la relación entre minería y desarrollo que sustentan los discursos del Estado no termina de llegar con un impacto contundente a las poblaciones.
A nivel de gestión la actividad minera muestra todavía muchos puntos ciegos y tensiones en la distribución de las ganancias entre municipios, provincias y Nación.
La Ley estipula que el monto máximo que las provincias pueden percibir en concepto de regalías mineras es del 3% del valor de boca de mina. Un estudio de la politóloga Mariana Tapia, sobre el sistema de redistribución minera en Catamarca, reveló respecto a las regalías que “el monto que efectivamente pagan las empresas es de 1,2% a 1,5%, porque se toma el valor de boca de mina y se le deben deducir una serie de gastos del proyecto”.
Tapia señala que “en Argentina, las regalías mineras –provinciales– graban el valor bruto de la producción en vez de las utilidades –como es el caso de Chile, Canadá o Australia–, además representa un monto fijo, es decir, no se discrimina por el tipo de mineral extraído y no guarda una relación directa con el precio de cotización a nivel internacional de cada mineral”.
Otro dato que destaca es “que las retenciones mineras –derechos de exportación hasta el 10%– le corresponden al Gobierno nacional y son no coparticipables. Asimismo, la Nación percibe aportes tributarios indirectos, tal es el caso del impuesto a los cheques, ganancias, bienes personales, etc. En tal sentido, la recaudación impositiva que se la lleva el Gobierno nacional es muy superior a lo que perciben las provincias y municipios”.
En este punto, la diputada nacional Lucía Corpacci, declaró ayer miércoles en el programa Creación Renovable de Radio San Juan, que “la mayor parte de los recursos de la minería, saquemos las regalías que por lógica quedan para la provincia, quedan en manos de la Nación, de tributos nacionales como es el Impuesto a las Ganancias y retenciones. Las provincias petroleras tienen la renta petrolera y las provincias mineras, que no somos tantas, debiéramos tener una compensación por el uso de un recurso que no es renovable y que debiera ser un fondo para el desarrollo de infraestructura de esas provincias que, casualmente, somos las provincias más postergadas del país”, explicó.
La ex gobernadora que es actualmente presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, hizo estas declaraciones en el contexto del proyecto de ley que está impulsando para la creación de un Fondo Especial Minero (FEM). El Fondo sería financiado con el 20% de lo que el Estado nacional recibe en concepto de tributos de las provincias mineras para que sea invertido en infraestructura en las propias provincias.
Por último, no se puede soslayar que la relación entre minería y desarrollo no puede desentenderse de las prácticas culturales de los pueblos, el respeto a los derechos y al patrimonio cultural inmaterial.
El Estado no sólo tiene la responsabilidad de una mejor redistribución económica y de una decisión política de preservar y regular la explotación de los recursos mineros, sino que también debe acompañar el devenir cultural de esas poblaciones.
(Página 12, Buenos Aires, 22/04/2021)
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