Así lo cree el presidente de la APPMA, Favio Casarin
En lugar de adoptar medidas para revertir la crisis del segmento minero, Favio Casarin, titular de la Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina, advierte que el país incrementó la presión fiscal en el rubro.
La minería nacional está viviendo la coyuntura más complicada en mucho tiempo, según la visión de Favio Casarin, presidente de la Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina (APPMA) y Business Devolpment Manager en la firma GTM. “El sector está en su peor momento en años. Se avizoraba el comienzo de una crisis en 2012, la cual estalló con intensidad en 2013 y se prolongó en 2014. Este año era el indicado para tomar acciones concretas a los fines de revertir la situación, como lo han hecho distintos países (Perú, Chile y Australia, por citar tres ejemplos). A contramano de esto, se ha insistido con la presión fiscal y la creación de tributos provinciales que contrarían no sólo la Ley de Inversiones Mineras 24.196, sino también la Constitución nacional”, advierte el directivo en diálogo con El Inversor Energético & Minero.
A esto deben sumarse, indica, las restricciones a las importaciones, las demoras en la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y el desdoblamiento cambiario, ya que los costos son a dólar blue, y las liquidaciones por exportaciones, a dólar oficial. “En el actual contexto, la exploración ha desaparecido. Y este dato tendrá un fuerte impacto, ya que la concreción de un proyecto minero desde el descubrimiento de su potencial recurso hasta convertirse en uno productivo tiene un bajo porcentaje de éxito y lleva muchos años”, asevera.
El futuro inmediato, acota, no invita a ser optimistas. “La industria está condenada durante los próximos años, ya que incluso con cambios en esta realidad y un retorno de las inversiones exploratorias pasará un largo tiempo hasta que éstas se transformen en minas”, manifiesta.
Por si esto fuera poco, añade, las señales hacia el exterior no ayudan. “En lugar de eso, espantan a los inversores ante la falta de una política de protección a la minería y el verdadero cambalache minero legislativo”, se lamenta.
Nuevo pacto
A decir de Casarin, por estos días son ocho las provincias que restringen con firmeza la actividad minera. “Recientemente, el máximo Tribunal de Córdoba dictaminó la constitucionalidad de la Ley 9.526, que prohíbe incluso la exploración minera de determinadas sustancias. Además, en Mendoza está al caer una Ley similar –la 7.722–, que ya tiene dictamen favorable del procurador de la Corte Suprema de Justicia”, expone.
Según sus palabras, la industria sigue anquilosada. “El sector se muestra inerte, sin iniciativa y carente de ingenio. Sólo espera un cambio de autoridades, y en el mientras tanto padece estas consecuencias sin reaccionar”, sentencia.
En su opinión, ninguno de los principales candidatos presidenciales tiene un plan minero, y su discurso es de ocasión según el caso. “En San Juan hablan de la importancia de la minería, y en Chubut se convierten en antimineros. Es una verdadera pena, ya que estructuralmente la industria tiene todo para desarrollarse y convertir el país en potencia”, comenta.
Además de los recursos minerales, sostiene, la Argentina posee técnicos preparados, cámaras empresarias, proveedores y gremios. “Es imprescindible un nuevo pacto federal minero a los fines de implementar una política nacional coherente y unánime en todas las provincias involucradas, junto con autoridades mineras dotadas de conocimiento y prestigio que doten de un marco de credibilidad al segmento”, concluye.
Fuente: inversor energetico
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