Semanas atrás, el 22 de marzo, recordamos que la Legislatura de Chubut tiene para tratar la Iniciativa Popular que más que regular, lo que busca es prohibir la minería totalmente en la provincia.
De hecho, este plan antiminero presentado por la Unión de Asambleas Populares, fue en algún momento agitado por el oficialismo provincial para «apurar» al peronismo, cuya posición hasta ahora ha sido «sí, pero no…», o «Sí, pero no así», o «sí, pero no para Arcioni», respecto de la minería. Si esta ley se aprobase, nunca podría haber minería en gran escala en Chubut, como ocurre en todas las provincias con recursos metalíferos salvo Mendoza, que es tan antiminera como Chubut en su andamiaje legal.
El plazo legal para que la Legislatura trate el proyecto es el 23 de mayo. Pero no parece haber mucho interés en las fuerzas políticas para prohibir lisa y llanamente la minería. Menos aún, para «llevarse puestas» por arrastre otras actividades que hace años se llevan adelante en la provincia, de acuerdo a análisis sectoriales que se comparten en el «círculo rojo».
La iniciativa significaría un riesgo para otras actividades que ya se desarrollan en Chubut desde hace décadas o años, ya que no sólo prohíbe la extracción de sustancias minerales, sino todo tipo de procesamiento en los que estos materiales participen en el proceso, incluido el almacenamiento, y los proveedores a la industria.
El alto riesgo que reviste este proyecto deriva justamente de la vaguedad de sus postulados en los artículos de la ley, que abren la puerta a la incertidumbre de su interpretación y de allí el riesgo de la extensión a otras actividades.
En tres de sus artículos (2do, 3ro y 5to) prohíben todo tipo de práctica minera. Por la amplitud y cantidad de bloqueos que detalla incluso en sub etapas que agregan valor, es que este proyecto es inviable o podría afectar actividades industriales. Además de enumerar sustancias que no se pueden utilizar, incluyen «detergentes». Casi todas las actividades industriales (petróleo, aluminio, cemento) utilizan alguna sustancia «tóxica o peligrosa» y no sólo las industriales, en todos los hogares de utilizan detergentes y lavandina, por sólo mencionar los menos peligrosos que todo el mundo conoce.
También prohíbe este proyecto procesos de trituración, molienda, pellets, sintéticos, briquetas, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido lustrado, lo que afectaría al cemento, yeso, arcillas y otra minería no metalífera, a la producción de aluminio, y el pórfido. También al uranio, e incluso el almacenamiento de sustancias. Es un proyecto de ley, de acuerdo a esta línea de análisis, antieconómico y peligroso, no ya para la sustentabilidad del ambiente, sino de la economía local.
Además, va a contramano por completo de la política nacional de promoción de la minería.
Finalmente, quedan los aspectos constitucionales, que conviene recordar. En la legislatura hay un dictamen de la asesoría legal del año 2014, en ese entonces a cargo de Martín Meza -hoy presidente del Tribunal de Cuentas- donde sostiene la inconstitucionalidad de este proyecto de ley presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular.
Fuente: Diario El Chubut
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