La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el Consejo Minero Federal (COMIF), el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA) y la Cámara de Proveedores de Andalgalá expresamos nuesra preocupación por las consecuencias que traerá la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en dicha localidad.
Quienes celebran esta decisión ignoran el impacto que provocará en la matriz productiva de la zona. La minería tiene un costado social de gran importancia en su rol de motor económico de las localidades. No solo genera empleo directo, sino, lo que es más importante, moviliza cientos de pymes a su alrededor.
Es una industria donde 80% de los insumos son consumidos en el mercado interno, y que deja en el país 70% de las ganancias que produce.
Por otra parte, es alarmante que un cuerpo deliberativo promueva la sanción de una norma contraria a la constitución de la provincia y que además transgrede explícitamente la Carta Orgánica de Andalgalá (Art. 143°: El Municipio promoverá y estimulará las actividades mineras como medio destinado a impulsar el desarrollo económico y social de nuestra jurisdicción en lo que corresponde a las leyes provinciales y nacionales en la materia.)
Para el desarrollo del país deben generarse reglas de juego claras que promuevan la inversión. Decisiones como estas envían un mensaje contradictorio y desalentador para los desarrollos en la provincia.
Más allá de que la ordenanza pueda ser declarada inconstitucional, lo grave radica en la imagen que se envía como país, en el que un grupo de ediles puede ir en contra de lo que establece una Carta Orgánica por la que juraron, la Constitución Provincial, el Código de Minería y la mismísima Constitución Nacional.
Respetamos a quienes piensan distinto y acordamos en la importancia del cuidado del medioambiente. Pero proteger el futuro de una localidad es también garantizarles oportunidades a sus familias, generando proyectos productivos que impulsen el desarrollo.
Una respuesta sensata de los representantes políticos hubiera sido ir más allá de una reacción lineal y prohibitiva y asumir sus responsabilidades para fomentar los mecanismos de control que garanticen una industria minera transparente y segura, tal como se realiza en los principales países del mundo.
Y además, preocuparse por hacer buen uso de los recursos económicos que la industria minera aporta generando mecanismos de transparencia que garanticen el desarrollo integral de la región. Matar las oportunidades productivas de Andalgalá y desincentivar las inversiones en la provincia es dañino e irresponsable.
La industria minera argentina a través de su Cámara madre, la CAEM, reitera su compromiso para desarrollar una minería moderna, transparente, que proteja el medioambiente y contribuya al crecimiento y desarrollo transformacional del país.
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