Existe el consenso entre las operadoras, los trabajadores y el Estado Nacional de que es con el desarrollo de proveedores, fabricantes de insumos y empresas de servicios que la minería puede generar crecimiento no solamente al entorno cercano, sino para todo el país, y que eso puede ser un baluarte para que la actividad logre licencia social en las provincias donde está prohibido su desarrollo y para que se puedan impulsar más proyectos.
En Santa Cruz, por caso, se promulgó en 2018 la Ley 3.616, que impuso que como mínimo el 50% del monto total anual de las contrataciones que deban realizar las empresas de obras, bienes, insumos o servicios se haga con proveedores santacruceños inscriptos en el “Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), que funciona bajo la órbita del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria provincial.
“Estamos trabajando para generar las condiciones para que se cumpla. Hemos generado el RUPAE y hemos hecho la clasificación de proveedores, porque eso no estaba, y establecimos los criterios para determinar esa clasificación. Estamos siempre incentivando a que se inscriban”, señaló a Santa Cruz Produce la ministra de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba.
La norma no define plazos para que las empresas incorporen a los proveedores necesarios para cumplir con el porcentaje exigido, por lo que, desde su sanción, todas las empresas que están desarrollando su actividad en suelo santacruceño y no llegan a esa cantidad están vulnerando la norma. Pero, en rigor de verdad, faltaba la reglamentación para que fuera totalmente exigible. Esta fue completada el mes pasado. Allí quedó establecido un procedimiento de sanciones y multas ante incumplimientos.
Fuente: La Opinión Austral
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