Directivos de Taca Taca quieren construir en 2024. Prioridad en el informe de impacto ambiental. Está prevista una inversión de 3.600 millones de dólares en el proyecto de cobre salteño.
Se empiezan a alinear los esfuerzos para que arranque en 2024 la construcción en la Puna salteña de una de las minas de cobre más grandes de Sudamérica. Después de idas y vueltas, los inversores del yacimiento Taca Taca entraron en tiempo de definición y junto al Gobierno provincial se trazó una línea de acción para poder concretar el proyecto cuprífero, que tiene la potencialidad de cambiar la realidad económica de Salta y generar unos 9 mil empleos directos e indirectos.
El jueves pasado, el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de la empresa canadiense First Quantum Minerals y su subsidiaria local Corriente Argentina, que están a cargo del proyecto Taca Taca, ubicado en Tolar Grande. La charla se centró en el informe de impacto ambiental sobre la puesta en marcha de la mina, que debe ser aprobado por la Provincia. Esa es la llave para que, finalmente, se tome la decisión de iniciar con la construcción, lo que demandaría alrededor de 3.600 millones de dólares.
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Si bien la aprobación del informe ambiental o DIA (Declaración de Impacto Ambiental) no es el único condicionante para avanzar con el yacimiento salteño, es en la actualidad la principal preocupación de los inversores extranjeros para poner una fecha de inicio a la edificación. Existen, además, otros cuatro puntos que son de resorte nacional que deberían resolverse para que el camino esté más allanado. Se trata de las restricciones cambiarias, retenciones, estabilidad fiscal y la devolución del IVA que se aplica a la construcción. Sobre eso hay negociaciones con autoridades de Nación, en el entendimiento que Taca Taca también sería una solución a los problemas económicos del país.
Aún así, la DIA es clave. En la reunión con el gobernador, los empresarios hablaron de la “vocación” que existe de arrancar cuanto antes con Taca Taca, pero para ello falta el permiso.
La semana pasada, el vicepresidente de Corriente Argentina, Carlos Ramos, ya había advertido, en una entrevista con El Tribuno, sobre las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental. Según dijo, ese retraso tenía que ver más con temas burocráticos, que técnicos.
Es por eso, que Sáenz dio la orden el jueves que se dé prioridad al informe de explotación de Taca Taca.
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“Los equipos técnicos de las áreas de Ambiente, Recursos Hídricos y de Minería estamos trabajando a full para ello”, ratificó en una consulta para esta nota la secretaria de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini.
El crecimiento de la minería en Salta fue exponencial en los últimos años. Al punto de que los organismos gubernamentales que atienden esa área quedaron desfasados en cuanto a la cantidad de agentes que deben hacer cumplir y fiscalizar las normativas vigentes para la autorización de las distintas etapas de desarrollo de una mina, que arrancan desde la exploración de un área geológica hasta su explotación. Esos controles no solo tienen que ver con los recursos naturales sino también, y principalmente, con la participación de las comunidades adyacentes a los yacimientos que deben dar el visto bueno para que la actividad minera pueda realizarse.
El año pasado se incorporó más personal a la Secretaría de Minería de la Provincia para tratar de dar respuesta a los pedidos de las empresas interesadas en la explotación mineral de la Puna. La dependencia es la encargada de relevar de manera técnica a los proyectos mineros y, luego, el Juzgado de Minas los autoriza.
El equipo que realiza los estudios e inspecciones llega a unos 10 geólogos e ingenieros en recursos naturales, otros cinco agentes trabajan en la parte social y hay un licenciado en Higiene y Seguridad. Con este personal, entre los que todavía algunos de los integrantes se están acomodando a las tareas que deben realizar, los tiempos de evaluación de cada proyecto minero lleva no menos de 13 meses. Una vez que están en funcionamiento, las minas deben presentar un informe de impacto ambiental cada dos años.
“Los tiempos están demorados. Ya estamos hablando de años de demora del informe, tanto de exploración, como de construcción y explotación. Entonces, empezamos a tener problemas negociales”, sostuvo Carlos Ramos.
Oportunidad
Se habla del litio como el mineral estrella para el cambio en el uso de energía al que se dirige el mundo, sobre todo por la electromovilidad. Pero el cobre también es estratégico para esta revolución energética, e incluso se necesita en más cantidad.
La construcción de Taca Taca demandaría unos 3 años y el yacimiento tiene una proyección de exportación de cobre de 2 mil millones de dólares por año. El proyecto prevé, además de los US$3.600 millones para su construcción, US$270 millones de inversión en infraestructura ferroviaria y de caminos, incluyendo la rehabilitación de 134 kilómetros de línea férrea desde el yacimiento, ubicado a unos 30 kilómetros de Tolar Grande al paso Socompa, para flete y logística a través de Chile. También está proyectada una nueva ruta de acceso a Tolar Grande, con 140 kilómetros de tramos nuevos y mejoras, y nueva línea de transmisión eléctrica de 123 kilómetros de extensión.
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Se prevé que la vida útil del yacimiento será de 32 años. El cobre extraído alcanzaría un pico de aproximadamente 275.000 toneladas en los primeros 10 años de operaciones. Además, se proyecta una extracción de 110 mil onzas de oro y 4.100 toneladas de molibdeno concentrado.
La producción de cobre tiene un gran porcentaje de valor agregado en el lugar donde se extrae. De acuerdo a distintos estudios profesionales, solo con la minería se capta el 93% de su valor en el mercado. El porcentaje restante corresponde a la fundición y refinamiento del mineral (que se hace generalmente en las casas matrices de las mineras) y su transporte.
Fuente: El Tribuno
