Derribando Mitos, Mendoza

Alarma radiactiva que no fue: el Gobierno de Mendoza salió a cruzar a los grupos antimineros por desinformación

Las crecidas del río Diamante y del Arroyo del Tigre reactivaron un viejo conflicto en Mendoza: minería, ambiente y credibilidad pública. La ministra Jimena Latorre denunció una campaña de miedo basada en información falsa sobre supuesta contaminación radioactiva del agua potable.


Minería, tormentas y un rumor que encendió la polémica

Las intensas tormentas que afectaron a San Rafael el último fin de semana no solo provocaron crecidas extraordinarias del río Diamante y del Arroyo del Tigre, sino que también desataron una controversia de alto impacto público. A través de redes sociales y cadenas de mensajería, comenzaron a circular advertencias sobre una supuesta contaminación del agua potable con material radioactivo, presuntamente arrastrado desde el complejo minero Sierra Pintada.

La reacción oficial no tardó en llegar. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, calificó la situación como “lamentable” e “indignante”, y apuntó directamente contra sectores ambientalistas a los que acusó de difundir información falsa con el objetivo de generar temor en la población.

“Que asociaciones que se pretenden en defensa del ambiente estén difundiendo información falsa para asustar, amedrentar e intimidar a la población respecto a algo tan sensible como el consumo de agua potable es muy grave”, sostuvo la funcionaria.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la relación entre minería, ambiente y comunicación pública en Argentina, especialmente en provincias donde los proyectos mineros —activos o en remediación— conviven con una fuerte sensibilidad social.


Sierra Pintada bajo la lupa: controles, remediación y datos técnicos

Según explicó Latorre, los mensajes difundidos afirmaban que las lluvias habían provocado el arrastre de material radioactivo desde el complejo Sierra Pintada hacia los cursos de agua que abastecen a la población. Para la ministra, esa hipótesis carece de sustento técnico.

“Es técnicamente una aberración absoluta”, afirmó.

El complejo Sierra Pintada, históricamente asociado a la minería de uranio, se encuentra fuera de producción desde hace años y atraviesa un proceso permanente de remediación ambiental. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Ambiente, el sitio está sometido a monitoreos continuos y auditorías técnicas por parte de múltiples organismos:

  • Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental
  • Departamento General de Irrigación (DGI)
  • Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
  • Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (como auditor técnico independiente)

Estos controles incluyen análisis de agua superficial y subterránea, reservorios, canteras y sistemas de contención, diseñados específicamente para responder ante eventos climáticos extremos como lluvias intensas, aluviones o inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Latorre remarcó además que estos escenarios están contemplados en protocolos preventivos y que no se trata de situaciones “imprevisibles” para la gestión ambiental minera moderna.


Inspecciones oficiales y un debate que excede al agua

Como parte de la respuesta inmediata, el domingo posterior a las tormentas se realizó una inspección en el Establecimiento Minero Fabril de Sierra Pintada. El director de Minería, Jerónimo Chantal, estuvo presente en el lugar y verificó que no existía ninguna de las situaciones denunciadas en redes.

A esto se sumaron comunicados oficiales y actas técnicas de organismos clave como DIRCA, Aysam, el DGI y el propio Ministerio de Ambiente, que certificaron que no se detectó contaminación alguna en el agua potable.

Más allá del episodio puntual, la ministra dejó una advertencia política y comunicacional de mayor alcance:

“Si estos son los mismos sectores que pretenden infundir miedo con otros temas y en otros lugares, es para que la ciudadanía se pregunte a quién creerle y qué creer”.

El caso reabre un interrogante central para la agenda minera y energética argentina: cómo construir licencia social, garantizar transparencia y, al mismo tiempo, evitar que la desinformación condicione debates estratégicos sobre minería, energía y desarrollo productivo.


Claves del conflicto

  • No hubo contaminación: los análisis oficiales descartaron presencia de material radioactivo en el agua.
  • Sierra Pintada está en remediación, no en producción, con controles permanentes.
  • La desinformación amplifica el conflicto y erosiona la confianza pública.
  • La minería y la energía requieren datos técnicos, no rumores, para sostener el debate democrático.

Lo que viene: minería, credibilidad y comunicación ambiental

El episodio de San Rafael deja una enseñanza clara para el sector minero, energético y para el Estado: en un contexto de alta sensibilidad social y crisis climática, la comunicación basada en evidencia es tan estratégica como la inversión o la tecnología.

De cara a los próximos años, donde la minería —incluida la vinculada al uranio, al litio y al cobre— vuelve a ocupar un lugar central en la agenda energética e industrial, el desafío será doble: elevar los estándares ambientales y combatir la desinformación con datos, monitoreos abiertos y presencia territorial. Sin eso, cualquier crecida puede transformarse en una crisis política.