El Poder Ejecutivo nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.804, que modifica el régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial en Argentina tras su aprobación en el Congreso de la Nación el pasado 8 de abril. La norma fue publicada este 24 de abril en el Boletín Oficial mediante el Decreto 271/2026, marcando así la entrada en vigencia de la nueva regulación.
¿Qué establece la nueva Ley 27.804?
La reforma actualiza el objeto de la ley de protección de glaciares, redefiniendo su alcance y modernizando el marco legal vigente desde 2010. Entre los puntos centrales de los cambios se encuentran:
- Presupuestos mínimos de protección: La norma preserva la idea de que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de recursos hídricos y bienes públicos, esenciales para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la investigación y el turismo.
- Inventario Nacional de Glaciares: Se mantiene el inventario a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), pero ahora se lo utiliza como referencia técnica clave para identificar cuáles cuerpos de hielo y geoformas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes.
- Principio precautorio: La nueva ley incorpora expresamente el principio precautorio, por el cual los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el inventario serán protegidos hasta que estudios técnico-científicos demuestren lo contrario.
- Evaluación de impacto ambiental: Todas las actividades proyectadas en estas áreas deberán someterse a evaluación de impacto ambiental previa a su autorización, con participación ciudadana.
- Autoridad competente: La determinación de qué áreas quedarán protegidas o no recaerá en la autoridad con competencia ambiental de cada jurisdicción, y en áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales.
La nueva regulación responde, según el Ejecutivo, al reclamo de las provincias de recuperar atribuciones sobre el manejo de sus recursos naturales, en línea con la Constitución Nacional.
Repercusiones y debate público
La modificación ha generado debate entre distintos sectores. Para el gobierno y sus aliados, la nueva ley clarifica criterios técnicos, evita interpretaciones arbitrarias y fortalece el federalismo ambiental, otorgando a cada jurisdicción la potestad de definir criterios propios de protección.
Por su parte, organizaciones ambientales y sectores críticos advierten que la delegación de facultades a las provincias puede debilitar la protección de reservas hídricas estratégicas y abrir espacios a actividades productivas en zonas antes consideradas vedadas.
