En los 3 años de gobierno que acaba de cumplir, Rodolfo Suarez le puso su sello a la gestión de pandemia, lanzó su plan de agua y mantuvo el equilibrio fiscal. Ahora le queda un año para lograr su propósito de dejar la actividad minera en marcha.
En una reciente reunión en la residencia gubernamental, Rodolfo Suarez habría admitido ante un reducido grupo de dirigentes radicales que uno de sus anhelos es reactivar en este año que le queda de gestión los proyectos mineros frenados en Mendoza. Es que luego de cumplir 3 años en Casa de Gobierno esa es una de las deudas que Suarez no logró saldar. Además en esa pequeña mesa estaban algunos de los que, él imagina, lo podría suceder en la gobernación y continuar una política minera.
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Tanto es así, que parece dispuesto a hacer lo imposible para que en los próximos meses pueda sacarse la foto con el futuro socio inversor de Potasio Río Colorado -que surgiría de las 11 empresas interesadas- y en paralelo lograr que la Legislatura apruebe la exploración de la mina de cobre de Cerro Amarillo. Ambos proyectos cumplen las exigencias de la ley antiminera 7.722, que al menos en esta gestión no volverían a tocar.
Eso, políticamente, significaría sentar las bases para que el próximo gobernador sí tenga pruebas con las que volver a dar la discusión sobre el impacto de la minería en la economía mendocina, algo que el mismo Suarez intentó plasmar en el inicio de su gestión y que se frustró ante el fuerte rechazo social.
Tres años de gestión de Rodolfo Suarez
Es que en el obligado balance de gestión de lo hecho en estos 3 años de gobierno que cumplió el 9 de diciembre y de lo que falta por concretar, la inactividad minera sigue siendo una alarma que el gobernador intentará desactivar en los 363 días que le quedan en el poder. Al parecer ese tiempo no le bastará para aplicar la reforma de la Constitución por la que tanto bregó cada vez que pudo, pero para la que necesariamente requiere del acompañamiento de la oposición, que ya le fue negado.
En el haber de lo que consiguió implementar el sancarlino sacará a relucir su particular gestión de la pandemia, el hecho de haber mantenido el equilibrio fiscal de las cuentas, pese al impacto del Covid en la economía nacional y el desmadre de la ingobernable inflación y se encargará de que todos recuerden que fue él quien comenzó con el máster plan del agua, además de iniciar 3 obras que llevarán su sello: la doble vía a Junín, San Martín y Rivadavia, el acueducto Monte Comán-La Horqueta y la ampliación del Metrotranvía para que las que consiguió que le aprobaran la toma de deuda.
Para lograr la meta de que algún proyecto minero arranque antes de que deje Casa de Gobierno, él hizo las tareas previas: adquirió los activos de la ex empresa Vale, gestó la empresa estatal que comanda Emilio Guiñazú y viajó a Canadá, a la feria minera más importante del mundo para promocionar Potasio Río Colorado y tentar a futuros inversores. A fines de septiembre también promocionó la mina en Brasil, uno de los países que más demanda potasio para fertilizantes.
A eso suma que a mediados de noviembre envió a la casa de las leyes el dormido proyecto de Cerro Amarillo, la mina de cobre de Malargüe que se frenó en el 2014 por trabas de la incipiente ley de glaciares. El Gobierno sostiene que no sólo cumple con la intocable ley 7.722, sino también con la ley de glaciares y que además no afecta los ríos aledaños.
Pero el debate de Cerro Amarillo aún sigue en comisiones, en donde discuten si la declaración de impacto ambiental del proyecto, que data del 2014, es válida o se la debe actualizar. Hacerlo retrasaría aún más esa habilitación de exploración y por tanto, la efectiva explotación de la mina de cobre.
La postura de Suarez es clara para reactivar la minería: “En esta gestión todo se hace dentro de la ley 7.722” aprendizaje que le quedó grabado a fuego. Tanto es así que hasta decidió cajonear el intento del intendente de Malargüe de zonificar la aplicación de esa norma, permitiendo flexibilizarla en esa comuna.
Con ese lema, priorizará que el aval de Cerro Amarillo salga con el mayor consenso político y social posible, aunque eso retrase el debate, a obtenerlo sólo con la mayoría que tiene en ambas cámaras el oficialismo.
Fuente: Uno mendoza
