El contexto actual de la minería metalífera en Argentina, es el peor en 27 años desde que se sancionó en 1993 la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras. Las exportaciones cayeron un 70 % en los últimos 8 años, ausencia de nuevos proyectos (en la última década sólo Santa Cruz puso proyectos metalíferos en producción), paralización de algunos iniciados (caso Eramine en Salta), cambalache legislativo provincial con leyes que prohíben la minería en 7 de ellas, desconfianza de la sociedad en su mayoría, rechazo en gran parte, cierre y quiebra de las PyMes nacionales de proveedores mineros. Panorama desolador, que requiere acciones inmediatas a los fines de revertir esta oscura pendiente declinante.
Así con contundencia Favio Casarín fue el vocero de la Comisión Federal de Técnicos y Profesionales de la Minería del Partido Justicialista que preside el Ing. José Luis Gioja. Con lenguaje llano y específico resume en este artículo los principales ejes de la propuesta diseñada por el PJ para tener una empresa nacional de minería.
Las opciones son dos, a todo o nada:
1. Seguir en el corralito minero: pequeño grupo cerrado que se niega a crecer, se alimenta de frases de plástico y de falsos slogans, niega la realidad, se felicitan entre ellos y solo buscan algún beneficio o ventaja económica en la pobreza. Entienden que la minería para desarrollarse solo necesita más beneficios desde el Estado y seguridad jurídica.
2. Producir un cambio cualitativo: para salir del ostracismo que supimos conseguir desde la misma industria. Los cambios cualitativos son los que produjeron las transformaciones mineras reales: el primero fue el ya señalado con la sanción de la Ley 24.196 en 1993. El segundo fue en el 2004 con el Plan Minero Nacional, en el cual el entonces presidente Néstor Kirchner declaró a la minería como “Política de Estado”. El tercer cambio cualitativo debe producirse en este mismo 2020, porque ya la minería no puede darse el lujo de seguir adormecida, bajo el riesgo de extinguirse en los próximos años.
¿Por qué una Compañía Argentina de Minerales?
El esquema que ha presentado desde la Secretaría de Minería de la Nación para superar la situación y buscar el desarrollo minero, es el denominado Plan Estratégico, lanzado recientemente. Es un plan similar a los que ya han existido en la década pasada durante las distintas gestiones mineras, a largo plazo y que han fracasado. Fracasan no por el contenido del plan en sí mismo, sino por carecer de plazos, de acciones directas y obviar la participación de actores incómodos para los funcionarios de turno. Terminan en enunciados y declamaciones repetidas de un grupo cerrado por un lado, las provincias actuando por otro, y la sociedad con la desconfianza de siempre –y aún en aumento-. Y vuelta al corralito minero descripto en párrafos anteriores. En el devenir de las innumerables y repetidas vueltas sin concreciones significativas, el inversor decide apostar por otro país, y está demostrado que cada vez espera menos, porque tiene alternativas.
Ante la gravedad de la situación descripta, y mientras se desarrolla el Plan de la Secretaría, cabe la intervención del Estado también de otro modo, inyectando acciones directas y concretas sobre el problema, creando una Empresa Federal Minera dotada de un capital accionario mixto con participación estatal mayoritaria (Estado nacional más provincias e inversión privada), con régimen de sociedad anónima. Esto en el corto plazo puede generar confianza y la responsabilidad directa del Estado sobre un proyecto minero que permita, al mismo, asociarse con los titulares de los derechos mineros en las distintas provincias con portfolio de proyectos que ya son conocidos y de rentabilidad asegurada.
La propuesta de creación de una empresa minera argentina público-privada es un verdadero cambio cualitativo, que puede convivir con el Plan de largo plazo de la Secretaría de Minería, ya que mientras se debate el Plan, una Compañía mixta pueden salir al ruedo y convertirse en un actor inmediato y desarrollista de la minería argentina. Sus resultados y experiencia sobre el negocio minero concreto, sin duda además servirán de feedback para la retroalimentación y correcciones del Plan.
Un compañía de estas características funciona exitosamente en otros países del mundo con diferentes esquemas y participaciones del Estado: CODELCO en Chile, Vale en Brasil, ERAMET en Francia. El esquema considerado para nuestro país, es el que mejor se adapta a nuestra idiosincrasia, distribución geográfica y política, economía regional y a nuestra Constitución Nacional.
¿Cuál es el riesgo del intento?. Si sale mal, ninguno. Si sale bien, nada menos que enderezar el rumbo y cambiar la historia de la minería argentina. Solo razones de mezquindad, y temores infundados, pueden sostener una negativa, y encima sin ofrecer argumentos, y ninguna propuesta alternativa de solución.
¿Por qué una S.A?
El régimen de una Sociedad Anónima está regulado por la Ley 19.550. Se propone una participación del Estado Nacional en un 26%, Provincias productoras un 25 % (Total accionario público 51 %) y un 49 % de capital privado.
De este modo, la Compañía no será estatal, sino con participación del Estado (Nacional y Provincias) que es otra cosa. A su vez, al ser una S.A., queda fuera del ámbito de regulación de las empresas públicas, y la misma deberá autosustentarse, los empleados no serán públicos, sino dentro del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y Convenciones Colectivas que correspondan por la actividad.
La primera figura en la constitución será la de una SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), en la cual en ese momento el Estado Nacional poseerá el 100% de las Acciones. Una vez constituida el Estado Nacional transferirá parte del capital accionario a los Estados Provinciales y realizará la oferta de suscripción de acciones del 49 % a los tenedores privados, transformándose en una SA (Sociedad Anónima).
Se trata de una Compañía que saldrá a competir con las demás. ¿Cuál es el miedo?: tal vez la formación de un empresariado nacional que pueda romper el corralito y convertirse en más eficiente, inspirar mayor confianza en la población y resultar –por sentirlo propio- más cuidadoso en el respeto del medio ambiente y en el estilo de vida de las comunidades. Queda claro que el beneficio de las economías regionales y de la Nación con los debidos cuidados ambientales, debe prevalecer sobre los temores y beneficios de unos pocos.
Objetivos
1 .Impulsar el desarrollo minero de manera federal y estratégica.
2. Crear una herramienta que promueva la sinergia entre el capital privado y el sector público nacional y provincial, auspiciando contratos asociativos entre las partes.
3. Dar comienzo a un proceso de inversión en I+D sobre aquellos minerales o conjunto de ellos, que sirvan como insumos de alguna de las cadenas de valor para el desarrollo industrial.
4. Garantizar un desarrollo sustentable de los proyectos, con participación de las comunidades y aceptación de la sociedad.
5. Instar asociaciones –pudiendo ser parte- entre pequeños productores y titulares de propiedades mineras que por sí mismos no resultan rentables.
6. Acelerar tiempos de definición para el inicio de un proyecto minero, mediante la intervención en el mercado de capitales o utilizando aquellas herramientas económico financieras, tal como lo realizan las empresas del sector.
7. Planificar la construcción de una refinería de metales en el país, a los fines de agregar valor al producto extraído y promover más trabajo con mano de obra local.
8. Promover y concretar el desarrollo de proveedores locales sustituyendo importaciones.
Conclusiones
Respetando el derecho de dominio de las Provincias sobre los recursos mineros y la autonomía de sus empresas públicas provinciales, una figura empresaria con identidad nacional resulta necesaria como actor principal a los fines de generar asociaciones e impulsar proyectos de distinta envergadura, de modo federal y estratégico.
Es imperioso crear la conciencia de una Minería Argentina, con un managment y empresarios visibles, asumiendo la responsabilidad frente a las comunidades y la sociedad en general.
Resulta necesario romper la situación de parálisis y desconfianza que hoy demora o frena proyectos de todo tipo, por ello es el Estado quien, con un conjunto de herramientas eficaces, debe catalizar y acelerar a los mismos, en el término de tiempos políticos de corto y mediano plazo.
La constitución de la Compañía Argentina de Minerales público-privada, debe ser considerada como un disparador, al contar con una herramienta de aplicación práctica, de armado inmediato, que no representa erogación de fondos públicos y nos pone como país en condiciones de participar junto a las empresas mineras extranjeras, tal como sucede desde hace años, en países como Chile con su empresa estatal CODELCO o Brasil con Vale, sobre aquellos minerales considerados estratégicos como podrían ser el Litio, el grupo de ColTan, tierras raras, Molibdeno, Potasio o arenas industriales entre otros.
La presencia activa del Estado, a través de la articulación de políticas públicas, programas y planes específicos para desarrollar a las regiones mineras parece imprescindible e inexcusable para conseguir que el desarrollo compartido e inclusivo en todo el país.
Traccionar desde el Estado este sector de la economía, pero a través de una Compañía con participación privada, generará divisas por la exportación y el desarrollo de economías regionales a través de una conectividad económica y comercial con industrias conexas. Con compromiso social y beneficio muto con las comunidades, implementando nuevas formas de relacionamiento con un sentido de pertenencia de que los beneficios de la industria quedarán en el país.
Por Favio Casarín : Geólogo y abogado
Prensa Geominera
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