La protesta dejó de ser simbólica y cruzó una frontera sensible: la del domicilio privado. En San Carlos, la Justicia contravencional abrió una causa de oficio contra militantes antimineros tras el escrache al diputado Mauricio Torres por su voto a favor del proyecto San Jorge.
El episodio reabre un debate incómodo pero necesario: ¿hasta dónde llega el derecho a protestar y dónde empieza la intimidación
El escrache que activó a la Justicia y encendió alarmas institucionales
El hecho ocurrió en San Carlos, Mendoza, luego de que el diputado provincial Mauricio Torres votara a favor del proyecto minero San Jorge, uno de los emprendimientos más controvertidos del mapa minero mendocino. La reacción de sectores antimineros no se canalizó por una manifestación pública ni por un reclamo institucional, sino por un escrache directo frente a su domicilio particular.
Durante aproximadamente 30 minutos, un grupo de manifestantes se concentró en la puerta de la vivienda del legislador, en presencia de su familia. “Estaban mi señora y mi hija. Es mi domicilio particular, una invasión a mi privacidad”, relató Torres en declaraciones radiales. El episodio no solo expuso al funcionario, sino que volvió a poner en discusión una modalidad de protesta que, lejos de generar consenso social, suele profundizar grietas y escalar conflictos.
El dato político no es menor: el escrache se produjo como represalia directa por una decisión tomada dentro del marco institucional. No se trató de una denuncia por corrupción ni de una causa judicial, sino de una diferencia ideológica vinculada a la minería, un sector estratégico para la economía mendocina y nacional.
La causa contravencional: qué investiga el juez y por qué importa
El juez contravencional de San Carlos, Leandro Passerini, inició una causa de oficio tras el escrache, en base al artículo 55 del Código Contravencional de Mendoza. Esta norma sanciona los “actos turbatorios y desórdenes” que afecten la convivencia, el orden público y la paz social, aun cuando no configuren un delito penal.
Según explicó el periodista Santiago Montiveros en Radio Post 92.1, la clave del encuadre legal está en que la protesta, si bien es un derecho constitucional, no puede transformarse en un mecanismo de intimidación personal. “La normativa provincial está concebida para garantizar que el ejercicio de la protesta y la expresión no trasciendan límites que perturben la paz social”, sostuvo.
Las sanciones previstas incluyen multas en Unidades Fijas (UF) y hasta arrestos de corta duración, dependiendo de la gravedad del hecho y de si existen antecedentes. La investigación apunta ahora a identificar a los participantes del escrache y determinar responsabilidades individuales, algo que marca un precedente relevante en un contexto donde este tipo de prácticas se naturalizaron en algunos sectores.
Minería, política y un clima de presión permanente
El episodio no ocurre en el vacío. Mendoza vive desde hace años una tensión estructural en torno a la minería metalífera, con antecedentes como el conflicto por la Ley 7722 y una fuerte presencia de activismo ambiental radicalizado. En ese marco, el proyecto San Jorge se convirtió en un nuevo campo de batalla simbólico.
La presión sobre dirigentes políticos que se pronuncian a favor de la minería no es nueva, pero el escrache domiciliario representa un escalón más en la escalada. No busca convencer ni debatir, sino disciplinar. El mensaje implícito es claro: votar a favor de proyectos mineros tiene un costo personal.
Desde el punto de vista institucional, esto genera un efecto corrosivo. Si cada decisión vinculada a energía, minería o petróleo habilita la persecución personal, el debate democrático se empobrece y la toma de decisiones estratégicas queda rehén del miedo.
El rol del poder local: repudio al escrache, ambigüedad sobre la minería
El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, repudió públicamente la metodología del escrache y se mostró como “garante de la paz social” en el departamento. Sin embargo, en la misma declaración reafirmó que “la minería no ingresará al departamento”, una frase que refleja la delicada gimnasia política que intentan sostener muchos dirigentes locales.
El repudio formal a la violencia convive con un discurso que, en los hechos, valida la presión de los sectores más duros del antiminerismo. Esta ambigüedad no es inocua: mientras se condena el método, se refuerza la idea de que cualquier proyecto minero es ilegítimo, sin análisis técnico, ambiental ni económico.
Para una provincia que enfrenta desafíos de empleo, inversión y desarrollo productivo, la discusión sobre minería, energía y petróleo debería darse con datos, controles y planificación, no con escraches ni aprietes personales.
Orden público, convivencia y el futuro del debate minero en Mendoza
La intervención de la Justicia contravencional marca un punto de inflexión. No criminaliza la protesta, pero sí establece un límite claro: la vida privada no es un territorio habilitado para la presión política. En tiempos de alta polarización, esta definición resulta clave para preservar la convivencia democrática.
Mendoza tiene por delante una discusión de fondo sobre su modelo productivo. La minería moderna, con controles ambientales y estándares internacionales, forma parte del debate global sobre transición energética, minerales críticos y desarrollo industrial. Convertir esa discusión en un campo de hostigamiento personal no solo es injusto, sino estratégicamente suicida.
Lo que está en juego: minería, democracia y reglas claras
La causa abierta en San Carlos no es solo un expediente contravencional. Es una señal. Define si la política energética y minera se discute en el ámbito institucional o bajo presión callejera. Define si los funcionarios pueden decidir sin miedo. Y define, en última instancia, si Mendoza quiere debatir su futuro productivo con reglas claras o seguir atrapada en la lógica del escrache.
