El Concejo Deliberante de Esquel, en una sesión especial llevada a cabo el pasado viernes, votó en pleno una declaración “rechazando la conformación de la Cámara de Proveedores Mineros que -esgrimieron los ediles-, dice representar a un sector minero y dar servicio a la actividad, en pos de un hipotético beneficio económico futuro, fomentando y promoviendo la realización de actividades prohibidas en el ejido municipal de Esquel, por la Ordenanza Nº 33/03, sea por esta Cámara o cualquier empresa u otra entidad intermedia. La conformación de dicha Cámara representa una afrenta a la férrea decisión de la comunidad contraria a la megaminería”.
En la misma declaración, se rechazan los dichos del gobernador de Chubut (Mariano Arcioni), apoyando la conformación de la Cámara de Proveedores Mineros del Chubut-Centro Oeste, y el destino de fondos públicos para la reactivación de la megaminería.
También el cuerpo deliberativo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evaluar mediante sus asesores legales las habilitaciones comerciales de cada una de las empresas asociadas a dicha Cámara, con el fin de determinar si la promoción de las actividades relacionadas con la provisión de insumos para la megaminería se contradice con las normas establecidas para el otorgamiento de las mismas, según Código Tributario Vigente.
En la misma dirección solicita al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia del Chubut, “informen sobre las actividades que eventualmente se estén realizando relativas a este tipo de emprendimientos, recordándoles la plena vigencia de la normativa municipal y provincial, que prohíbe la mega-minería a cielo abierto en esta zona”.
Una aberración”
Ante las declaraciones previas a la declaración que luego se aprobó por unanimidad de los 10 concejales, la comisión directiva de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut Centro-Oeste con sede social en Esquel, manifestó en un comunicado que “nuestra Cámara de Proveedores Mineros -que preside Luis Scinardo Tenghi-, hoy objeto de ataques mediáticos por parte de un sector político, está compuesta legalmente y posee Personería Jurídica para funcionar como tal”, citando varios aspectos legales.
Para los representantes de la Cámara, “la declaración no tiene, ni tendrá, ninguna injerencia en nuestro funcionamiento institucional. Se trata de una declaración política sin sustento legal, producto del apriete de grupos minoritarios, antidemocráticos que se arrogan la representatividad del pueblo, amparándose en el Plebiscito del 2003, donde muchos de los que hoy apoyan la actividad minera, disconformes con la falta de información, votaron en contra de un proyecto particular, en una consulta que no fue ni obligatoria ni vinculante”.
El secretario de la Cámara de Proveedores Mineros, Daniel Díaz Escobar, ayer comentó que una vez aprobada la Declaración en el HCD, se comunicaron con sus abogados que interpretaron que es una “aberración”, carente de sustento técnico y jurídico, y no descartan hacer una presentación judicial.
Pronunciamiento
Mientras tanto, ayer estaba en sus últimos detalles, una Declaración en rechazo “a la declaración política del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, de tinte persecutorio, anticonstitucional y producto del apriete, carente de argumentos técnicos, legales, totalmente arbitrario infundado y por lo tanto ilegitimo, que viola, desconoce y vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y Provincial”.
En el mismo pronunciamiento, se expresa que “esta Cámara de Proveedores Mineros, respeta la decisión del pueblo de Esquel que no apoyo un proyecto minero particular, pero sin embargo, el nuevo proyecto minero nada tiene que ver con esa idea de desarrollo rechazada por todos los esquelenses, y no por una agrupación que se arroga la representatividad del pueblo”.
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