Minería

La Fiscalía de Estado apela la cautelar de la jueza Arbilla que prohibe tratar la minería

La Fiscalía de Estado del Chubut apelará hoy el fallo de la jueza civil de Esquel, Alicia Arbilla, que prohibe a la Legislatura provincial tratar la zonificación minera hasta tanto la Justicia resuelva la presentación de las asambleas del NO a la Mina que busca anular el proyecto.

La presentación se realizará ante la Cámara de Esquel, y los fundamentos se basan en la amplia jurisprudencia que existe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el resguardo del principio de la división de poderes. 


Fuentes de Fontana 50 y legisladores del oficialismo y la oposición, dijeron que la decisión de Arbilla de prohibir a la Legislatura tratar un proyecto de ley es inédita en Chubut, y no quieren dejar sentado ese precedente. La cautelar de la jueza de Esquel salió poco después de que se cayera la sesión extraordinaria en la que los diputados iban a tratar la zonificación minera.


El diputado oficialista Roddy Ingram fue el primero en cuestionar la decisión de la jueza Arbilla, al considerar que está «avasallando a un poder del Estado» como es el legislativo. El legislador de Chubut al Frente señaló que igualmente van a seguir trabajando en las modificaciones al proyecto de zonificación minera, y deslizó que podrían volver a tratarlo en las próximas semanas.


El diputado radical Manuel Pagliaroni coincidió con Ingram en que el fallo de Arbilla es una «clarísima intromisión del Poder Judicial» en facultades que son propias del Poder Legislativo. También adelantó que se reunirá esta semana con otros legisladores para evaluar si avanzan en una denuncia por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura.


DEFINICIONES JUDICIALES


Según fuentes legislativas, los diputados esperarán a que la apelación de la Fiscalía de Estado siga su curso en la Justicia, para resolver si avanzan en la denuncia contra la jueza Arbilla. 


Por lo tanto, en gran medida dependerá del curso que tome la causa en la Cámara de Esquel, para que los diputados decidan o no presentar la denuncia. Por lo pronto, ya han habido consultas de legisladores provinciales a juristas que parecen alentar la posibilidad de la denuncia.

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