La política económica de la Argentina beneficia a otros países con el cobre. Un análisis del especialista Daniel Jerez desnuda las falencias del país en el sector.
En el 2000, Argentina producía unas 200 mil toneladas anuales de cobre fino en la mina Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, el único yacimiento cuprífero en producción que tuvo el país. También para el mismo año, Perú producía alrededor de 400 mil toneladas del metal dorado.
Desde ese tiempo a la actualidad el país andino pasó a producir 2.200.000 toneladas de cobre fino anuales y la Argentina, nada. ¿Qué ocurrió? Simplemente, los inversores encontraron mejores condiciones para desarrollar sus negocios en otra parte de la cordillera. No fueron las condiciones geológicas, que son prácticamente las mismas en el cordón montañoso, sino una política económica minera diferente, que tiene que ver fundamentalmente en cómo se aplican las cargas tributarias.
Esa diferencia de los órdenes para la inversión entre un país y otro implicó que en Perú la minería haya generado 200 mil puestos de trabajo y alrededor de 20 mil millones de dólares anuales de exportación al año (similar a lo que exporta el complejo sojero argentino). En tanto, por estas latitudes cerró Bajo de la Alumbrera en 2018 (tras agotarse el recurso) y siguen retrasados los proyectos para abrir nuevas minas de cobre, que es uno de los minerales protagonistas de la revolución energética a la que se encamina el mundo (aún más que el litio), por lo tanto de altísima demanda. La misma comparación se podría hacer con Chile, aunque su producción de cobre es más antigua y es el primer productor mundial en este rubro.
“Hay que conocer cómo es la economía de la minería cuando se hace política sobre esto, que es una oportunidad”, afirmó el geólogo y contador Daniel Jerez. Mostró los datos recién mencionados en una conferencia que brindó el martes pasado en el marco de la diplomatura en minería que ofrece la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (Unsa).
Entre varios puntos que Jerez tocó en su charla sobre los aspectos económicos de la minería, hizo una relación de los beneficios para las inversiones entre Argentina, Chile y Perú. Se basó en un hipotético proyecto de cobre que requiere una inversión de 4 mil millones de dólares para ponerlo en marcha. Casualmente sería cerca del mismo monto que se estipula para el yacimiento cuprífero salteño Taca Taca, que está a cargo de la empresa canadiense First Quantum.
A lo largo de ese supuesto proyecto, que fue estimado con los números de un caso real, la ganancia de la mina para el inversor en 28 años de producción llegaría a US$1.890 millones en Argentina, descontado los flujos de fondos. En este ejemplo el margen operativo (la ganancia) del emprendimiento sería del 40% antes de pagar impuestos; es decir, el costo para producir se lleva el 60%.
Si un proyecto exactamente igual se desarrolla en Chile, con la única variable de los impuestos que se aplican en el país trasandino el beneficio de la mina sería de US$2.300 millones de dólares. Y en Perú, las ganancias empresariales netas llegarían a los US$2.100 millones.
A lo largo del tiempo de la vida útil de una mina los costos operativos suben y bajan por diversas circunstancias, como el precio internacional del mineral o si el recurso se encuentra menos accesible, por ejemplo. Ese es el riesgo que asumen quienes están en este negocio, que, en otra magnitud, se podría comparar al que tiene un productor agropecuario que depende de que llueva en su campo.
“Si al mismo proyecto de cobre reducimos el margen operativo al 26%, que perfectamente puede ocurrir, y aplicamos los impuestos vemos que el beneficio para quienes invierten se reduce por supuesto en los dos países, pero antes había una diferencia del 22% entre Argentina y Chile y con esto la diferencia es casi del 100%”, explicó Jerez.
“Esto hace que Chile sea más atractivo para la inversión porque en un escenario complicado la ganancia no cae tanto en un país que tiene impuestos progresivos”, dijo el especialista, marcando la diferencia que existe con Argentina donde la mayoría de los impuestos son regresivos: se cobra lo mismo a la empresa sea su ganancia positivo o negativa (retenciones, regalías, ingresos brutos, etc). La contracara son los impuestos progresivos que contempla una mayor carga a medida que aumente el margen de ganancia y viceversa.
“Las políticas impositivas son una herramienta de política económica que pueden alentar o desalentar la producción”, continúo el geólogo y contador.
“Cuando los costos son muy altos no es que una mina no se desarrolla, lo que pasa es que va a parar hacia otro lado, a otro país”, concluyó.
Cero riesgo
El principal socio de cualquier proyecto minero en el país es el Estado, incluso se lleva una ganancia mayor a los inversores y a cero riesgo de pérdida, en comparación al asumido por las empresas.
En el ejemplo del proyecto de cobre que requirió una inversión de US$4.000 millones, el beneficio de la empresa es de US$1.890 millones, como se dijo, y el Estado, en tanto, recauda US$2.907 millones (un 53% más que el inversor).
En el mismo caso, son los proveedores, tanto de servicios como en compras nacionales, los que más se benefician, llegando a percibir a lo largo del tiempo de producción de la mina un total de US$3.107 millones.
Así, en suma, del total de la renta minera el 80% queda en Argentina. Este cálculo coincide con otros informes que se hicieron tanto de empresas que están operando en el país como con estudios de organismos gubernamentales. Un documento del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) señala, además, que en 2019, del total facturado, las empresas mineras destinaron a proveedores un 62,3% de sus ventas y de esa porción, el 80% fueron empresas nacionales.
Fuente: El Tribuno
