El Senado mendocino aprobó ayer la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto PSJ, marcando un antes y un después en la historia reciente de la provincia. Con un fuerte respaldo político y empresarial, Mendoza vuelve al mapa de la minería metalífera tras casi dos décadas de parálisis. La decisión habilita el desarrollo de un proyecto cuprífero clave y desata un renovado debate sobre empleo, agua y futuro productivo.
El giro político que destraba el primer proyecto de cobre en décadas
La sesión legislativa condensó años de tensiones, marchas y contramarchas. Con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, el Senado ratificó la DIA de PSJ y puso fin a un ciclo que había convertido a Mendoza en una excepción dentro del corredor minero andino.
La aprobación no solo habilita formalmente la explotación: también constituye un mensaje directo a inversores, cámaras empresarias y proveedores, demostrando que la provincia puede combinar control ambiental estricto con desarrollo productivo.
La señal política es contundente: Mendoza decidió volver a jugar en las grandes ligas del cobre.
Un proyecto de escala que puede mover la aguja económica
PSJ representa una inversión inicial estimada superior a los USD 500 millones, con un plan de construcción que demandará alrededor de 4.000 a 5.000 empleos entre directos e indirectos.
En etapa operativa, la mina requerirá cerca de 700 trabajadores directos y más de 1.800 empleos indirectos, consolidando un ecosistema de proveedores locales en Uspallata, Las Heras y Gran Mendoza.
Además, se proyecta un gasto operativo anual que superará los USD 100 millones, con impacto directo en transporte, energía, metalmecánica, servicios industriales, hotelería y logística.
La Legislatura acompañó la aprobación con un paquete de regalías, aportes específicos y mecanismos de redistribución hacia la comunidad, buscando fortalecer la licencia social y evitar que los beneficios queden concentrados.
Un nuevo estándar ambiental bajo la normativa más estricta del país
El proyecto avanzará bajo los lineamientos de la Ley 7722, considerada la regulación más exigente de la minería metalífera en Argentina.
La aprobación de la DIA supone que el informe técnico cumplió con los criterios de protección hídrica, planes de monitoreo, manejo de relaves y contingencias.
El proceso legislativo incluyó debates sobre trazabilidad del agua, auditorías externas, provisión energética, fondos ambientales y compromisos de transparencia pública.
Aunque sectores opositores y organizaciones ambientales mantienen objeciones, el aval legislativo posiciona a PSJ como un caso testigo de cómo un proyecto puede compatibilizar explotación cuprífera y estándares ambientales estrictos.
Impacto en la matriz minera argentina: Mendoza vuelve al tablero del cobre
La minería del cobre atraviesa un momento global de alta demanda vinculada a electromovilidad, energías renovables, redes eléctricas y manufactura tecnológica.
Hasta ahora, Mendoza había quedado fuera de este boom por la falta de proyectos aprobados y un clima político poco favorable.
Con PSJ habilitado, la provincia se suma al corredor nacional que integran San Juan, Catamarca y Salta, abriendo la puerta a nuevos estudios geológicos, nuevas inversiones y un horizonte de exportaciones mineras que podría incorporarla nuevamente al circuito del cobre sudamericano.
Para la Argentina, significa diversificar aún más su portafolio de proyectos metalíferos y disminuir el riesgo de depender solo del NOA y Cuyo.
Claves del proyecto PSJ
- Inversión inicial estimada: más de USD 500 millones.
- Empleos previstos: 4.000–5.000 en construcción; 700 directos + 1.800 indirectos en operación.
- Cumplimiento de Ley 7722 y ratificación legislativa obligatoria.
- Ubicación estratégica en Uspallata, con logística vinculada a Ruta 7 y corredor bioceánico.
- Primer proyecto metalífero en obtener aprobación legislativa en Mendoza en casi veinte años.
Proyección: ¿El primer paso hacia una política minera más madura?
La aprobación de PSJ no cierra ninguna discusión: las abre. Desde hoy, Mendoza tiene que demostrar que puede ejecutar minería responsable, generar empleo genuino y construir confianza con las comunidades del entorno.
Si el proyecto avanza en tiempo, forma y estándares, puede transformarse en un ejemplo para nuevas inversiones y un punto de inflexión para la provincia.
