El presidente Javier Milei firmará el decreto que convoca a Sesiones Extraordinarias y la Ley de Glaciares será uno de los temas centrales del temario. La discusión se abrirá entre el 10 y el 30 de diciembre, mientras el Gobierno intenta remover un obstáculo clave para destrabar inversiones mineras por más de USD 15.000 millones. En febrero se debatirán reformas laboral, fiscal y penal.
Un llamado a extraordinarias que reordena la agenda económica: el Presidente acelera el debate sobre glaciares
El decreto presidencial, que se publicará oficialmente el próximo martes debido al feriado del lunes, marca un giro político significativo: la decisión de tratar la Ley de Glaciares antes de fin de año. El Gobierno entiende que la norma vigente, sancionada en 2010, se convirtió en uno de los mayores frenos para proyectos estratégicos de cobre y litio a lo largo de la cordillera.
La convocatoria legislativa contemplará una primera sesión extraordinaria en diciembre, donde se pondrán sobre la mesa tres temas: la Ley de Glaciares, el Presupuesto Nacional y la iniciativa denominada Inocencia Fiscal. Se trata de una agenda que apunta directamente a destrabar inversiones, ordenar cuentas públicas y reformular mecanismos de responsabilidad tributaria.
La urgencia no es casual: las provincias cordilleranas —principalmente San Juan, Catamarca y Salta— vienen reclamando una modificación técnica que permita delimitar con precisión el “ambiente periglacial”, concepto que hoy deja amplias zonas sin hielo permanente como áreas prohibidas para la actividad minera. Es una definición que, según expertos como el geólogo y abogado Favio Casarín, “nació mal y se aplicó peor”, generando inseguridad jurídica para proyectos de escala mundial.
Una segunda etapa en febrero: reformas laboral, fiscal y penal para completar el paquete estructural
Si diciembre estará dedicado al corazón de la agenda productiva, febrero será la instancia de reformas estructurales. Allí se discutirán tres leyes:
- la reforma laboral,
- la reforma fiscal,
- y la reforma penal.
Se trata del trípode que el Gobierno considera imprescindible para estabilizar la macroeconomía, mejorar la competitividad y actualizar normas que quedaron ancladas en un sistema previo a la irrupción del modelo libertario.
Mientras tanto, el sector minero observa con atención qué sucederá con la Ley de Glaciares porque su tratamiento inmediato podría destrabar o congelar inversiones multimillonarias. Sin una aclaración normativa antes de julio de 2026, muchos proyectos quedarían fuera del RIGI, poniendo en riesgo la ventana de oportunidad del cobre argentino.
La advertencia de Casarín: una ley mal diseñada que bloquea USD 15.000 millones en inversiones
En una entrevista exclusiva con Agenda Industrial, el geólogo y abogado Favio Casarín fue categórico al señalar que la Ley de Glaciares “nació mal y hoy frena USD 15.000 millones”, una cifra que equivale a la parálisis simultánea de varios de los proyectos de cobre y litio más relevantes del país. Según explicó, la norma se aprobó sin un diagnóstico científico sobre glaciares, permafrost o ambiente periglacial, y terminó construyendo una definición tan amplia que convirtió a zonas sin hielo permanente en áreas restringidas para la actividad minera. Para Casarín, esta ambigüedad regulatoria no solo afecta la ingeniería de los proyectos, sino también la llegada de capitales internacionales que exigen certidumbre jurídica. A su juicio, sin una Ley Aclaratoria antes de julio de 2026 —cuando los proyectos deberán calificar para el RIGI—, la Argentina corre el riesgo de perder una oportunidad histórica para posicionarse como uno de los principales productores de cobre del mundo.
La Ley de Glaciares: un debate que vuelve al Congreso con 15 años de controversias
La norma original surgió en un contexto de fuerte presión ambientalista, sin estudios técnicos robustos y con definiciones imprecisas sobre el permafrost y el ambiente periglacial. Esa ambigüedad generó conflictos en la aplicación, demoras en evaluaciones de impacto ambiental y un margen de discrecionalidad que terminó paralizando proyectos enteros.
El Gobierno y las provincias mineras impulsan una Ley Aclaratoria, no una derogación, cuyo objetivo es establecer criterios científicos actualizados, delimitar zonas efectivamente sensibles y permitir la coexistencia entre preservación ambiental y minería moderna.
Para el sector del cobre —Los Azules, El Pachón, Josemaría, MARA, Altar, Taca Taca— la aclaración es decisiva. Varios estudios económicos señalan que la Argentina podría multiplicar por cinco sus exportaciones mineras actuales si se destrabaran estos proyectos antes de 2030.
Un Congreso que se prepara para sesiones tensas y definiciones de alto impacto
Las sesiones extraordinarias no solo anticipan debates técnico-ambientales, sino también una pulseada política. El oficialismo necesitará acuerdos con bloques provinciales, gobernadores y legisladores que entienden que la minería, el litio y el cobre son parte esencial de sus economías regionales.
Las organizaciones ambientalistas, por su parte, ya anticipan resistencia. Sin embargo, la narrativa pública cambió: hoy el eje no está en la retórica del “extractivismo”, sino en la oportunidad económica, la demanda global de minerales críticos y los riesgos de quedar fuera del mapa productivo internacional.
El Congreso deberá decidir si Argentina continúa con un marco normativo confuso o si se actualiza para competir con Chile, Perú y Canadá en un mercado cuyo crecimiento está vinculado a la transición energética global.
Claves para entender la convocatoria a extraordinarias
- Se firmará el decreto y se publicará el martes.
- Primera sesión: 10 al 30 de diciembre.
- Ley de Glaciares.
- Presupuesto.
- Inocencia Fiscal.
- Segunda sesión: febrero.
- Reforma laboral.
- Reforma fiscal.
- Reforma penal.
- La Ley de Glaciares es crítica para destrabar inversiones mineras por más de USD 15.000 millones.
- Provincias cordilleranas presionan para que se apruebe una Ley Aclaratoria antes de julio de 2026.
Proyección estratégica: ¿una oportunidad histórica para redefinir la política minera argentina?
La convocatoria a extraordinarias coloca a la minería en el centro del tablero político. La definición legislativa de diciembre podría determinar si el país aprovecha la ventana global del cobre o si vuelve a quedar rezagado frente a competidores con marcos regulatorios más claros.
El desafío para el Gobierno será gestionar consensos en un Congreso fragmentado, mientras las provincias reclaman previsibilidad y el mercado internacional exige reglas estables.
