La situación caótica que se vive en Chubut a raíz de la aprobación y la casi inmediata derogación de la ley de zonificación minera muestra, nuevamente, la imposibilidad de diálogo de la sociedad en temas estratégicos para su desarrollo. Se trata de una discusión que lleva casi 20 años en esa provincia.
La reciente ley prohibía la utilización de cianuro a cielo abierto y preservaba el agua del Río Chubut, sin embargo, grupos antimineros realizaron violentas acciones, desmanes en la ciudad de Rawson, incluso en el diario El Chubut, que sufrió incendios y saqueos.
La minería metalífera conforma un sector estratégico que puede contribuir a la economía del país. Sin embargo, resulta frustrante la reiteración de los motivos que generan un rechazo de algunos sectores: la simplificación de una actividad compleja, la escasa comunicación por parte de las autoridades mineras, y su ambivalente actitud según su conveniencia, y la escasa transparencia de una industria que, sin duda, implica serios riesgos para el ambiente. Ello, sin considerar las connotaciones ideológicas de quienes provocan desmanes y que no son castigados adecuadamente.
Los militantes antimineros probablemente ignoran que los materiales de construcción de sus viviendas, el teléfono celular con el que organizan los ataques, los automóviles en los que se trasladan o los electrodomésticos que utilizan en sus desayunos son producto de la minería.
Pero no debe pasarse por alto que la ley se votó aunque no estaba en el orden del día: surgió sorpresivamente y, al terminar la sesión, se aprobó por una diferencia mínima de votos, y el gobernador Mariano Arcioni la promulgó a las pocas horas. Todo un escenario propicio para generar incidentes en una provincia que arrastra demasiados problemas sin encontrar cómo solucionarlos.
Debe reconocerse que los errores de algunas empresas mineras arrastran a quienes desarrollan adecuadamente la actividad. Entre 2015 y 2017 la empresa Barrick tuvo tres derrames de sustancias contaminantes que fueron negados inicialmente. Al mismo tiempo, y de modo reiterado, la sociedad reclama una mayor claridad acerca de cómo se genera y distribuye la renta minera.
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La reiterada falta de reconocimiento de estas falencias no ha hecho más que promover una profunda polarización y una bien ganada desconfianza de parte de la sociedad.
Nuestro país tiene un enorme potencial en minerales que deben ser explotados respetando las normas de protección ambiental. Sin embargo, si no se produce un cambio estratégico en el acercamiento de la industria minera y las autoridades a la sociedad seguiremos lamentando el accionar de inadaptados y la pérdida de un desarrollo sustentable para nuestro país.
LA NACION
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