Además, una comitiva oficial se reunió ayer con los vecinos del distrito que se manifestaban en Aguas Claras.
El Ministerio de Minería de la Provincia ratificó que no hay alteraciones en el agua del río Choya y aseguró que esto fue constatado por los vecinos y concejales que participaron del control la semana pasada. El ministro Marcelo Murúa aseguró que toda la información del Ministerio fue puesta a disposición del Concejo Deliberante y consideró que la intimación del intendente Eduardo Córdoba (UCR) “no tiene sustento jurídico”. Igualmente, hasta ayer a última hora, fuentes de la empresa aseguraron no haber recibido notificación alguna.
Murúa fue consultado por el conflicto en Andalgalá, originado por el reclamo de vecinos del distrito Choya respecto de alteraciones en el río Choya, de donde se extrae el agua para consumo.
“El Concejo Deliberante nos presentó un pedido de informes y fue respondido. A la semana se hicieron monitoreos conjuntos y participaron concejales y vecinos de Choya, y allí se constató que no se registraban ninguna anomalía. Sin embargo, se hace un control permanente del agua y cuando se denuncia este tipo de anomalías se toman muestras y se hacen estudios para comparar y determinar si hay cambios en el agua por una anomalía o por una cuestión estacional. Todo esto se hizo, se constató y se respondió al CD”, explicó Murúa en diálogo con El Ancasti.
El ministro aseguró que se puso “toda la información disponible” en manos del CD y lamentó que se haya rechazado la invitación a participar de los controles.
En este sentido, Murúa se refirió a la intimación que realizó el intendente Córdoba a la empresa (que hasta anoche no había recibido ninguna notificación) y aseguró que “no tiene sustento jurídico”.
“La información que nosotros presentamos con estudios técnicos no fue refutada. Desconozco si el intendente fundamentó su medida en un estudio técnico o si se toman como verdades las versiones de los vecinos. De todas formas, es una decisión que tomó sin tener facultades”, explicó el ministro.
“Al intendente no lo ampara la normativa vigente, de hecho hay una ordenanza (antiminera, de 2016) que fue declarada inconstitucional. Lo que marca la norma es que las autoridades de aplicación son el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y el Ministerio de Minería. El intendente se toma facultades que no le corresponden y no tienen sustento jurídico, pero tienen que ver con su conducta y no son distintas de otras expresiones que ya tuvo en contra de la actividad minera”, expresó.
Reunión con vecinos
El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre; el jefe de Policía, Ángel Agüero; el senador de Andalgalá, Horacio Gutiérrez; y la titular del Centro de Control Minero Ambiental de Andalgalá, Carolina Cabrera, se reunieron con los vecinos de Choya que reclaman las anomalías en el agua y que participaron del acampe en el cerro. La Asamblea El Algarrobo publicó un comunicado en redes en el que comentaron que Cabrera “negó que existieran daños en el río” y que los funcionarios “se negaban a ver las fotos que lo demostraban”. Según indicaron, del encuentro surgió un compromiso de “elevar las inquietudes al Gobierno de la Provincia”.
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