En medio del crecimiento de la minería en Argentina, crece también el debate sobre su verdadero impacto ambiental. Entre mitos, datos y silencios, ¿es posible una minería sustentable?
Una grieta sin matices
En muchas regiones de Argentina, especialmente en el NOA y la Patagonia, la sola mención de la palabra “minería” desata polémicas. De un lado, quienes la ven como motor de desarrollo. Del otro, los que la señalan como una amenaza al medio ambiente. Pero entre esos extremos, hay una verdad más compleja y, muchas veces, invisibilizada: la del impacto real de la minería, que no siempre es tan devastador como se dice… ni tan inocuo como afirman sus defensores.
El impacto ambiental: ¿qué dice la evidencia?
La minería, como toda actividad extractiva, modifica el entorno natural. Los efectos más comunes incluyen:
- Remoción de suelos y alteración del paisaje.
- Consumo intensivo de agua, especialmente en zonas áridas.
- Emisión de polvo y partículas contaminantes.
- Generación de residuos peligrosos, como los estériles o relaves.
- Posibles filtraciones de químicos, como el cianuro o ácido sulfúrico, usados en ciertos procesos.
Sin embargo, no todas las operaciones son iguales. La minería moderna, especialmente la de gran escala y regulada, suele operar con controles ambientales mucho más estrictos que hace 20 años. La implementación de sistemas de monitoreo continuo, diques de contención, y auditorías independientes ha reducido considerablemente los riesgos… al menos en el papel.
El caso del agua: entre la percepción y los números
Uno de los puntos más sensibles es el consumo de agua. En regiones como Catamarca o Jujuy, donde el litio y el oro son explotados en zonas semiáridas, el uso del recurso hídrico es fuente de conflicto con comunidades locales y productores agropecuarios.
Pero los datos muchas veces desmienten la magnitud del uso:
🔎 Según el COFEMA y el SEGEMAR, la minería consume menos del 1% del agua total usada en el país, frente al 70% destinado al agro.
El problema no es tanto cuánto consume, sino dónde y cómo se extrae el agua. Por eso hoy muchas empresas implementan sistemas de recirculación, uso de agua salobre o de lluvia, y reportes abiertos de consumo.
¿Qué controles existen?
La Ley Nacional de Protección Ambiental para la Actividad Minera (24.585) establece que:
- Todos los proyectos deben presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA).
- Se exige una actualización bianual de ese informe.
- Hay auditorías ambientales periódicas a cargo de las autoridades provinciales.
- Se debe constituir una garantía financiera para remediación post cierre.
Sin embargo, la fiscalización depende de cada provincia, y muchas veces los organismos carecen de recursos o independencia. Esto alimenta la desconfianza social.
La “licencia social”: el factor invisible
Más allá del cumplimiento legal, hoy ninguna empresa minera puede operar sin la aceptación de las comunidades locales. Esa “licencia social” no se otorga por ley, sino que se construye a través de:
- Procesos participativos reales.
- Transparencia en la información.
- Inversión en desarrollo local.
- Respeto a identidades y territorios.
Los conflictos en Andalgalá, Meseta Chubutense o Famatina (La Rioja) muestran que cuando las empresas y los gobiernos omiten este diálogo, el rechazo social puede frenar incluso proyectos técnicamente viables.
Minería responsable: ¿mito o posibilidad?
Existen ejemplos positivos. En Santa Cruz, algunos proyectos auríferos han logrado construir relaciones estables con las comunidades. Empresas como Newmont, AngloGold Ashanti o Minera Don Nicolás han implementado políticas de monitoreo ambiental participativo, programas de proveedores locales, y divulgación de reportes abiertos.
Además, iniciativas como el Estándar IRMA (Iniciativa para la Minería Responsable) y el compromiso con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son señales de un cambio de paradigma, aunque aún parcial y lento.
¿Desarrollo con impacto cero?
La minería nunca será una actividad sin impacto. Pero el desafío no es eliminar la minería, sino reducir sus efectos negativos, maximizar los beneficios y lograr un equilibrio justo entre ambiente, desarrollo económico y justicia social.
Negar sus impactos es irresponsable. Demonizarla sin base técnica, también. El camino está en informar, controlar, participar y exigir. Solo así, la pregunta “¿minería o medio ambiente?” dejará de ser una disyuntiva y podrá transformarse en una convivencia posible.
