En medio de la escalada del conflicto con La Rioja por la jurisdicción y beneficios del megaproyecto minero Vicuña, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió con firmeza al cruce del reclamo de su par riojano, Ricardo Quintela, y ratificó que los recursos minerales ubicados en el subsuelo de su provincia le pertenecen exclusivamente a San Juan. La respuesta oficial llega en un contexto de fuerte tensión política, judicial y territorial, en un episodio que vuelve a poner en la agenda pública la disputa por la soberanía sobre proyectos estratégicos de minería en la Argentina.
El cruce con La Rioja y la defensa de la soberanía minera
La controversia entre San Juan y La Rioja sobre la delimitación territorial y la titularidad de los beneficios derivados de proyectos mineros clave se profundizó en los últimos días, luego de que Ricardo Quintela reavivara un reclamo limítrofe histórico que incluye el proyecto Josemaría —integrado hoy en el conjunto conocido como Proyecto Vicuña— y otras áreas de interés geológico.
En ese escenario, Orrego decidió responder a las declaraciones de su par riojano con un mensaje contundente: según el mandatario sanjuanino, la legislación vigente y la Constitución de la Nación son claras en cuanto a que cada provincia es dueña original de los recursos naturales ubicados en su territorio. “No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir regalías con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos y lo vamos a defender con la ley en la mano”, afirmó el gobernador en una conferencia de prensa donde también reafirmó la validez de los límites interprovinciales fijados por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso.
Orrego aprovechó para reforzar que la jurisdicción sobre el proyecto Vicuña —que engloba a desarrollos como Josemaría y Filo del Sol y representa una de las apuestas más importantes de la minería cuprífera argentina— está definida legalmente y es sólida desde el punto de vista jurídico e histórico. Este planteo busca cerrar espacios para reinterpretaciones territoriales que puedan poner tensión no solo en la distribución de regalías, sino en la realidad operativa y normativa de proyectos con inversiones millonarias.
De los límites políticos a la defensa legal del recurso
El enfrentamiento entre las dos provincias no se limita a declaraciones cruzadas. Ricardo Quintela fue más allá al sostener que el acuerdo limítrofe vigente, fijado en 1968 por gobernadores durante un gobierno de facto, carece de legitimidad y debería ser revisado por el Senado de la Nación, llevando la disputa a un ámbito de debate constitucional. A partir de ello, reclamó no solo el reconocimiento de límites sino también participación en los beneficios generados por la explotación minera próxima a la frontera provincial.
La respuesta de Orrego fue contundente: al recordar la vigencia de la ley nacional que delimita los territorios, el gobernador sanjuanino no solo defendió la propiedad de los recursos naturales sino que también marcó un punto político claro frente a una disputa que, según él, no tiene sustento jurídico ni precedentes que ameriten una revisión de los límites. “San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”, enfatizó.
Un conflicto con eje en recursos estratégicos
Este cruce entre provincias cobra especial relevancia en el contexto de un proyecto minero como el Vicuña, que forma parte de las iniciativas de mayor escala anunciadas en los últimos años en el país, con inversiones que se cuentan en miles de millones de dólares y un impacto esperado en términos de empleo, exportaciones e industria local.
La disputa termina trascendiendo lo estrictamente territorial para poner sobre la mesa cuestiones claves del federalismo productivo argentino: ¿cómo se resuelven conflictos interjurisdiccionales cuando están en juego recursos minerales de alto valor estratégico? ¿Debe revisarse el marco jurídico de límites antiguos cuando la renta minera y la expectativa de beneficios económicos se vuelven foco de tensiones políticas? Estas preguntas, que se plantean hoy entre San Juan y La Rioja, son espejos de desafíos más amplios para un país que busca consolidar su industria extractiva.
Frente a estos planteos, Orrego planteó que la solución pasa por respeto pleno a las normas vigentes y a la institucionalidad, apuntando a que cualquier intento de reinterpretar acuerdos históricos no solo carece de sustento legal, sino que también genera incertidumbre para el desarrollo productivo. Este enfoque no solo tiene implicancias para el proyecto Vicuña, sino también para el clima de inversiones en otros emprendimientos mineros que se proyectan en la región.
Miradas encontradas, una disputa política y productiva
Mientras desde San Juan se sostiene la validez de sus derechos sobre el subsuelo y los beneficios que de él se deriven, en La Rioja la narrativa apunta a una revisión histórica que, según sus autoridades, abriría la puerta a un reparto de beneficios y a una redefinición de responsabilidades en torno a proyectos con impacto interprovincial.
Este choque de interpretaciones convierte al conflicto en un tema que supera la esfera técnico-administrativa y entra de lleno en el terreno político y geoeconómico, con implicancias para la minería argentina en su conjunto. Y mientras los discursos oficiales se tensan, la disputa continúa alimentando debates sobre soberanía provincial, federalismo productivo y la distribución de recursos estratégicos.
