La disputa limítrofe entre San Juan y La Rioja en torno al megaproyecto cuprífero Josémaría volvió a escalar en las últimas horas. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reiteró reclamos sobre derechos de uso del camino provincial por donde se accede al yacimiento, asegurando que esa infraestructura provincial ha sido utilizada durante décadas sin que “nunca hayan dejado un peso”. Ante este planteo, el gobierno de San Juan salió a responder y ratificó que los recursos minerales del subsuelo sanjuanino le corresponden por derecho constitucional y legal, marcando una nueva etapa de tensiones por uno de los proyectos cupríferos más grandes de la Argentina.
Quintela redobla el reclamo por Josémaría y cuestiona el uso de caminos
La disputa entre las dos provincias cobra fuerza en torno a la infraestructura vial y logística que cruza jurisdicción riojana para llegar al yacimiento. En una serie de declaraciones, el gobernador riojano insistió en que “usaron por 25 años el camino de La Rioja y nunca dejaron un peso”, subrayando la percepción de que la provincia vecina no habría sido beneficiada económica ni institucionalmente por esa utilización. Este planteo se dio en el marco de discusiones públicas y políticas que incluyen no solo argumentos de uso de infraestructura, sino también reclamos más amplios sobre participación en los beneficios y la necesidad de revisión de acuerdos históricos.
Quintela no se limitó a remarcar el reclamo logístico. También hizo referencia a determinados acuerdos que, a su juicio, fueron suscritos bajo condiciones que hoy deberían ser revisadas. Su argumento se basa en la idea de que las decisiones adoptadas históricamente por las provincias y por autoridades ejecutivas no siempre representaron de forma equitativa a todas las partes involucradas, en particular cuando se trata de infraestructura compartida y recursos naturales con alto valor estratégico como el cobre.
Este tipo de reclamos tiene antecedentes en la historia política provincial. La relación entre San Juan y La Rioja siempre incluyó debates sobre límites, rutas y recursos compartidos. Sin embargo, lo que diferencia al reclamo actual es su contexto: se da cuando Josémaría se acerca a etapas definidas de desarrollo, con financiamiento, ingeniería y cronogramas que podrían materializarse en la próxima década.
San Juan reafirma la soberanía sobre sus recursos y la validez de sus límites
Frente a estos planteos, el gobierno de San Juan, a través de sus autoridades provinciales, sostuvo que el reclamo no tiene sustento legal ni constitucional y que, por el contrario, los recursos minerales ubicados en el subsuelo sanjuanino pertenecen legítimamente a la provincia. Las autoridades recordaron que la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación, fija límites interprovinciales que fueron ratificados por los parlamentos respectivos y que constituyen marcos jurídicos válidos para dirimir este tipo de controversias.
San Juan también destacó que los acuerdos adoptados históricamente respecto a límites y uso de infraestructura no han sido cuestionados ni modificados por instancias judiciales o legislativas superiores, por lo que la posición del gobierno provincial es que no existe base legal para reclamar una redistribución de beneficios o derechos en función del tránsito de camiones o maquinaria por rutas que, aunque pasen por territorio riojano, no cambian la titularidad del recurso ni del proyecto en sí.
Este argumento tiene un peso técnico y legal específico: en la legislación minera argentina, los recursos naturales pertenecen a la provincia donde se encuentran, y la explotación, administración e impuestos asociados corresponden a la jurisdicción que ejerce autoridad territorial sobre el yacimiento. En este caso, Josémaría está ubicado dentro de los límites formalmente reconocidos de San Juan, lo que otorga a esa provincia la potestad de administrar y disponer de los beneficios derivados de su explotación.
La disputa se inscribe en un contexto productivo y federal más amplio
La discusión entre San Juan y La Rioja no ocurre en el vacío. Se da en un contexto donde Argentina intenta consolidar su desarrollo minero, especialmente en minerales estratégicos como el cobre, el litio y otros metales críticos para la transición energética.
Proyectos como Josémaría, que forman parte de la cartera cuprífera con potencial de escala internacional, implican inversiones que pueden superar los miles de millones de dólares, generación de empleo formal en regiones interiores, integración de proveedores locales y dinamización de economías regionales enteras. Además, el desarrollo cuprífero en la Argentina se proyecta en un horizonte de largos plazos, lo que exige estabilidad institucional y marcos claros que permitan a los capitales internacionales confiar en las reglas de juego del país.
En este escenario, cualquier disputa interprovincial sobre recursos, infraestructura o participación en beneficios adquiere relevancia no sólo local sino también para actores externos que observan la evolución normativa, política y judicial del país. De hecho, varios analistas productivos destacan que la seguridad jurídica y la cooperación institucional entre niveles de gobierno y provincias son variables críticas para que proyectos de gran escala se concreten sin trabas inesperadas.
Implicancias políticas y productivas del cruce de posturas
Las declaraciones del gobernador riojano y la respuesta de San Juan reflejan una tensión política que tiene varias dimensiones:
- Jurídica: los límites provinciales y la interpretación de acuerdos históricos.
- Productiva: la percepción de que la logística interjurisdiccional debería traducirse en beneficios económicos compartidos.
- Política: el debate de estrategias regionales para el desarrollo productivo y la distribución de la renta minera.
En la práctica, la discusión entre San Juan y La Rioja podría derivar en diversos escenarios:
- Un proceso de diálogo institucional y técnico entre ambas provincias, con mediación de instancias nacionales, para definir criterios de uso de infraestructura y eventuales compensaciones.
- Un avance de reclamos legales ante foros competentes, aunque la jurisprudencia histórica y la legislación vigente parecen favorecer a la provincia donde se encuentra el recurso.
- Un impacto en el clima de inversiones si la disputa se prolonga o genera incertidumbre en torno a reglas claras para proyectos de infraestructura interprovincial.
Lo que queda claro es que la disputa no es sólo un intercambio de declaraciones, sino un punto de inflexión en la forma en que se aborda la relación entre jurisdicciones cuando se trata de minería de gran escala y recursos estratégicos.
