La provincia cuyana se ubicó entre las 15 jurisdicciones más atractivas del mundo para invertir en minería, por encima de Chile y Perú. El salto de La Rioja desconcierta, y la exclusión de Salta expone los límites metodológicos del relevamiento más influyente del sector.
Hay un dato que marca el pulso del negocio minero global: el ranking anual del Instituto Fraser, elaborado a partir de la percepción de ejecutivos de compañías que invierten miles de millones de dólares en exploración. En su edición 2024, el termómetro más consultado por inversores confirma algo que ya se percibía en los foros sectoriales: San Juan no solo consolida su liderazgo argentino, sino que escala al top 15 mundial, superando incluso a referentes como Chile y Perú.
Con un ascenso de siete posiciones respecto a 2023, la provincia se ubicó en el puesto 14 sobre 82 jurisdicciones evaluadas, convirtiéndose en la más atractiva del país para el capital minero.

La mejora fue atribuida a una fuerte caída en las preocupaciones del sector respecto a la base de datos geológica, el marco laboral y la disponibilidad de mano de obra calificada, tres aspectos clave para el diseño de proyectos de largo plazo.
“Este año, San Juan fue la jurisdicción mejor clasificada de Argentina”, señala sin vueltas el informe, que destaca una suba de 2,5 puntos en el Índice de Atractivo para la Inversión.
La noticia, celebrada en Rawson y en los despachos del Ministerio de Minería provincial, llega en un contexto en el que San Juan se muestra como epicentro del nuevo boom del cobre, con proyectos como Los Azules, Altar, El Pachón y Josemaría en distintas fases de avance. Pero el dato va más allá de la coyuntura: el reconocimiento refleja un modelo institucional que, con altibajos, ha logrado sostener previsibilidad, profesionalismo técnico y licencia social en una industria expuesta al vaivén político.
¿Dónde está Salta?
Si la consolidación de San Juan no sorprende, la gran incógnita del ranking Fraser 2024 es la desaparición de Salta del mapa. La provincia del litio, que en 2023 se había posicionado como la jurisdicción con mejor percepción de políticas públicas del país, fue excluida del listado por no alcanzar el mínimo de respuestas válidas exigidas por la encuesta.

La omisión no implica un deterioro en su desempeño minero, pero sí pone de relieve una realidad incómoda: la falta de interacción activa con el empresariado y los espacios técnicos donde se juega la atracción de capital. La paradoja es evidente: Salta fue excluida por silencio, pese a haber captado inversiones millonarias en litio y contar con reglas jurídicas elogiadas por el sector.
La situación es compartida por otras provincias con peso minero, como Jujuy, Catamarca, Santa Cruz y Mendoza, también ausentes por cuestiones metodológicas. Pero el caso salteño resalta, porque su exclusión rompe con la narrativa de liderazgo que venía construyendo con éxito.
La Rioja, la sorpresa del año
El otro dato inesperado lo aporta La Rioja, que dejó de ser sinónimo de conflicto minero para convertirse, al menos en los papeles, en una jurisdicción en ascenso. Según Fraser, la provincia subió casi 40 posiciones respecto a 2023, ubicándose ahora en el puesto 44, con un salto de 27 puntos en el índice de atractivo.
Detrás de ese número hay una señal política que merece atención: el discurso oficial en torno a una minería sustentable, con participación comunitaria y desarrollo local, comienza a generar confianza en los inversores. El cambio todavía es incipiente, y está lejos de reflejar una realidad consolidada, pero abre un margen de oportunidad para diversificar el mapa minero argentino.
La Rioja cuenta con reservas de litio, cobre y oro aún subdesarrolladas, y en los últimos meses se conocieron avances en permisos de exploración y en articulación con empresas interesadas en ingresar a la provincia.
Una foto distorsionada, pero útil
Si bien la metodología del ranking —que excluye jurisdicciones con menos de cinco respuestas— limita su alcance estadístico y genera distorsiones, el documento sigue siendo una brújula clave para medir percepción de riesgo, institucionalidad y competitividad minera. Más aún en un contexto como el argentino, donde la falta de políticas federales coordinadas hace que cada provincia juegue su propio partido.
San Juan se confirma como la capital minera del país. La Rioja, contra todo pronóstico, se cuela en la conversación. Salta, pese a sus logros, queda en offside por falta de presencia. Así se mueve el tablero de un sector que busca reglas claras, territorio disponible y estabilidad jurídica. Las provincias que escuchen, ganan. Las que no, desaparecen del radar.

