Mientras el debate por la Ley de Glaciares vuelve a cargarse de consignas y alarmismo, la Cámara Minera de San Juan introdujo una voz incómoda para el relato dominante: la de la ciencia, la técnica y el federalismo real. No negó la protección ambiental; pidió algo más difícil en la Argentina: precisión.
Proteger lo que importa: glaciares sí, dogmas no
El comunicado de la Cámara Minera de San Juan parte de una afirmación que suele ser deliberadamente ignorada por el ambientalismo militante: nadie discute la necesidad de proteger los glaciares y los ambientes periglaciares que cumplen un rol hídrico estratégico. Esa premisa no solo es compartida por el sector minero sanjuanino, sino que está incorporada en la práctica operativa de los proyectos que hoy funcionan bajo estrictos controles ambientales.
El problema aparece cuando esa protección se transforma en un concepto elástico, donde todo es glaciar, todo es periglacial y todo es intocable, incluso en zonas donde no hay función hídrica relevante. Ahí es donde la ley deja de ser una herramienta ambiental y pasa a convertirse en un instrumento de bloqueo. San Juan lo dice sin rodeos: no todos los glaciares ni todo el ambiente periglaciar son reservas estratégicas de agua, y fingir lo contrario no protege mejor el ambiente.
Quince años después: la deuda técnica de la Ley 26.639
A 15 años de su sanción, la llamada Ley de Glaciares sigue arrastrando problemas técnicos de origen. Definiciones amplias, criterios poco claros y una aplicación discrecional que cambió según el clima político del momento.
La Cámara Minera pone el foco donde debería haber estado desde el primer día: identificación caso por caso, basada en estudios científicos, con intervención de expertos y evaluaciones objetivas. No se trata de debilitar la norma, sino de hacerla técnicamente defendible.
Una ley ambiental que no distingue, que no mide y que no jerarquiza termina siendo funcional al conflicto permanente. Y el conflicto permanente no genera más agua, ni más protección, ni más conocimiento; solo genera parálisis.
Provincias: el federalismo que algunos prefieren olvidar
Otro punto clave del pronunciamiento sanjuanino es el rol de las provincias. La Constitución Nacional es clara: los recursos naturales pertenecen a las provincias. También lo es su responsabilidad en la determinación y delimitación de los glaciares y ambientes periglaciares protegidos.
Sin embargo, en la práctica, la Ley de Glaciares fue utilizada muchas veces como una herramienta de recentralización encubierta, donde decisiones tomadas a cientos de kilómetros del territorio afectado terminan imponiéndose sobre evaluaciones locales.
San Juan plantea algo básico, pero revolucionario para el debate argentino: no se puede hablar de protección ambiental ignorando a las provincias que conocen su geografía, su hidrología y su matriz productiva. Defender el ambiente sin federalismo es solo una consigna.
Desarrollo sostenible: el concepto que el ruido intenta vaciar
La Cámara Minera no propone minería sin controles ni cheque en blanco para las empresas. Propone equilibrio. Una palabra que suele desaparecer cuando el debate se llena de slogans.
Equilibrio entre protección ambiental y desarrollo sostenible significa empleo formal, recursos fiscales, inversión en infraestructura y capacidad real de control. Porque sin desarrollo no hay Estado fuerte, y sin Estado fuerte no hay política ambiental que funcione.
San Juan lo aprendió hace años: la minería bien regulada no es enemiga del ambiente, es una de las pocas actividades capaces de financiar su protección de manera sostenida.
Entre la técnica y el activismo
En un contexto donde organizaciones como Greenpeace amplifican el conflicto desde el centro porteño, con campañas que convierten cualquier matiz técnico en una “entrega”, el comunicado de la Cámara Minera de San Juan funciona como un antídoto contra la simplificación.
No hay épica en pedir estudios científicos. No hay épica en hablar de criterios claros. Pero hay responsabilidad. Y eso, en el debate por la Ley de Glaciares, empieza a marcar una diferencia.
Una señal que trasciende San Juan
El posicionamiento de la Cámara Minera sanjuanina no es solo una defensa sectorial: es una señal política y técnica para todo el país. Demuestra que es posible discutir glaciares sin gritar, minería sin negar el ambiente y desarrollo sin caer en caricaturas.
La pregunta que queda flotando no es si hay que proteger los glaciares —eso ya está claro—, sino si la Argentina está dispuesta a hacerlo con ciencia y reglas claras, o si seguirá usando el miedo como sustituto de la política pública.
