La provincia impulsa un cambio de paradigma con la Ley 90/10 y un ciclo de formación que prepara a jóvenes santacruceños para trabajar en los yacimientos. Un modelo que busca dejar atrás la dependencia de mano de obra foránea y consolidar empleo con raíces en la comunidad.
Una política que cambia la historia minera
El inicio de las prácticas profesionalizantes del Ciclo de Formación para el Trabajo, articulado entre el Gobierno de Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz), marca un quiebre histórico. Un total de 400 jóvenes de distintas localidades ingresan a una ruta de capacitación integral, que incluye tanto teoría como experiencia práctica en yacimientos.
El programa se vincula con la reciente modificación de la Ley N° 3.141, que refuerza la contratación de mano de obra local: ahora, el 90% de los trabajadores en obras y proyectos deben residir en Santa Cruz. Este salto desde el viejo régimen 70/30 responde a una demanda de la comunidad, que reclamaba mayor protagonismo en el desarrollo minero.
Empleo con control y transparencia
El Ejecutivo provincial detectó años atrás múltiples casos de falsos domicilios: hasta 30 personas declaraban vivir en una misma dirección para acceder a la norma anterior. Con la reforma, no solo se aumentó la exigencia de contratación local, sino que también se incorporaron mecanismos estrictos de control que certifiquen la residencia real de los trabajadores.
De este modo, la provincia busca cerrar la puerta a prácticas que distorsionaban el espíritu de la ley y garantizar que los puestos de trabajo lleguen efectivamente a los santacruceños.
Capacitación para el presente y el futuro
El ciclo incluye áreas clave para la vida minera: operación, limpieza industrial, gastronomía y hotelería campamentaria, y vigilancia en régimen minero. Durante tres meses, los jóvenes recibieron formación teórica y desde esta semana realizan prácticas en yacimientos, acompañados por instructores y profesionales del sector.
“El desafío fue siempre la falta de mano de obra local capacitada. Eso llevó a que, durante años, las empresas trajeran trabajadores de otras provincias. Con este programa estamos revirtiendo esa historia”, señalaron desde el CPE.
Una deuda saldada con la juventud
El Gobierno provincial no ahorra críticas al pasado: “Durante dos décadas, el Estado estuvo ausente en la planificación de políticas de formación minera. Mientras tanto, colectivos repletos de trabajadores foráneos ingresaban a Santa Cruz y cientos de jóvenes quedaban afuera”.
Con el nuevo esquema 90/10, la provincia apuesta a que el empleo minero se quede en casa y que cada inversión genere oportunidades reales para sus habitantes. “Hoy, por primera vez, Santa Cruz tiene una política concreta para preparar a su propia mano de obra”, remarcaron desde el Ejecutivo.
Claves del modelo santacruceño
- Ley 90/10: al menos 90% de empleados deben ser residentes de Santa Cruz.
- 400 jóvenes en formación: ciclo con teoría y práctica en yacimientos.
- Controles más estrictos: para evitar falsos domicilios.
- Capacitación diversificada: desde operación minera hasta servicios campamentarios.
- Empleo con identidad local: objetivo de consolidar mano de obra santacruceña.
Empleo local y minería: un modelo exportable
El caso de Santa Cruz plantea un debate estratégico: ¿deben las provincias productoras priorizar la contratación local en sectores intensivos como la minería? Mientras otras jurisdicciones enfrentan tensiones sociales por la falta de integración comunitaria, Santa Cruz avanza con un modelo que combina normativa estricta y formación profesional.
La apuesta es clara: que el trabajo minero deje de ser un recurso importado y se convierta en un motor de arraigo, inclusión y desarrollo sustentable para las comunidades que viven sobre los yacimientos.
