Mientras Argentina mira la ventana del RIGI que se cierra en julio de 2026, la Ley de Glaciares vuelve al centro del debate. En una entrevista a fondo,realizada por Agendaindustrial.com el Dr. Favio Casarín —geólogo, abogado y referente en derecho minero— explica por qué la norma “nació mal”, cómo paraliza proyectos estratégicos y qué camino legislativo puede destrabar una inversión histórica sin tocar un solo litro de agua.
El origen del problema: una ley nacida al calor de la política, no de la ciencia
Casarín no esquiva el diagnóstico: la Ley 26.639 no surgió de un proceso técnico, sino de una reacción política post-Ley 5001 en Chubut. “Fue oportunista, no rigurosa”, afirma. Para el especialista, los últimos 15 años demostraron que la norma fue aplicada de manera errática, sin una estrategia minera nacional y con gobiernos que evitaron enfrentarse a grupos radicalizados que rechazaban toda forma de minería.
La consecuencia es conocida: una definición de “ambiente periglacial” tan amplia que incluye grandes áreas de alta montaña sin hielo permanente, bloqueando proyectos que nunca tocarían una reserva hídrica real. La falta de precisión científica terminó convirtiendo un concepto ambiental válido en una herramienta de litigio permanente y de incertidumbre para los inversores.
“La disyuntiva nunca fue agua vs minería. Es improvisación vs seriedad técnica”, resume Casarín.
Federalismo: lo que las provincias pueden y no pueden hacer
En los últimos meses surgieron propuestas para “devolver competencias” a las provincias y que sean ellas quienes definan zonas glaciales o periglaciales. Casarín es categórico: ese camino es jurídicamente inviable.
Explica que la Ley de Glaciares es una norma de Presupuestos Mínimos Ambientales. La Corte Suprema, en 2019, ya validó su constitucionalidad y estableció que las provincias pueden elevar estándares, pero jamás reducirlos. Cualquier flexibilización provincial caería en menos de un día ante una presentación judicial.
La salida, para Casarín, es una sola: una ley aclaratoria aprobada por el Congreso, con base científica y respetando el federalismo de concertación. Esa ley debería:
- Definir el ambiente periglacial solo donde haya permafrost o función hídrica comprobada.
- Liberar zonas de alta montaña sin reservas hídricas.
- Mantener la protección estricta sobre glaciares y glaciares de escombros.
- Delegar aplicación a las provincias con control científico nacional (IANIGLA).
- Resolver antes de julio de 2026 para que los proyectos entren al RIGI.
La fecha límite que nadie menciona: julio de 2026
Casarín pone el reloj sobre la mesa: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) cierra en julio de 2026. Para ingresar, los proyectos necesitan certeza jurídica previa. Si la Ley de Glaciares no se aclara antes de esa fecha, el riesgo es enorme.
Los Azules, El Pachón y Josemaría —solo en cobre— representan más de USD 15.000 millones en CAPEX y entre 15.000 y 20.000 empleos directos e indirectos. Ninguna empresa invertirá montos de ese nivel si no tiene un mapa legal definitivo que diga exactamente dónde puede operar.
La indefinición del periglacial, sumada a la falta de inventario completo en zonas clave, dejó a los proyectos en una especie de limbo legal: la provincia aprueba, pero la ley nacional mantiene el freno de mano.
“La contradicción es evidente: una DIA provincial dice sí; la Ley de Glaciares dice no. Esa brecha jurídica destruye cualquier incentivo a invertir”, advierte.
DNU, ley nueva o fallo de Corte: el camino más seguro
El Gobierno analiza tres rutas: un DNU, una reforma legislativa integral o una ley aclaratoria. Para Casarín, solo una de ellas garantiza estabilidad de largo plazo.
- DNU: rápido, pero altamente riesgoso. La Constitución limita su uso en materia ambiental. Activaría litigios inmediatos y dejaría a los inversores expuestos a anulaciones judiciales.
- Nuevo fallo de la Corte: lento, imprevisible y sin capacidad para definir criterios técnicos operativos.
- Ley aclaratoria: la opción más sólida. Permite precisión científica, respeta el Principio de No Regresión, mantiene la protección y elimina la ambigüedad.
El especialista es claro: “Un DNU puede matar la inversión antes de nacer. Una ley aclaratoria la vuelve viable sin resignar una sola garantía ambiental”.
¿Hay riesgo real para el agua? Tecnología, ciencia y zonas críticas
El debate ambiental es legítimo, pero muchas veces parte de la desinformación. Casarín explica que:
- Los glaciares y glaciares de escombros aportan hasta el 50% del caudal en años secos.
- Esas zonas deben ser intocables.
- Pero la gran mayoría de la alta montaña no contiene permafrost, ni reservas hídricas estratégicas.
La tecnología moderna —cero descarga, monitoreo en tiempo real, sensores, imágenes satelitales— permite operar en zonas no críticas sin poner en riesgo el agua. Pero la ley debe diferenciar claramente entre áreas sensibles y áreas habilitables. Hoy las trata a todas por igual.
“El problema no es la protección: es que la ley protege zonas que no necesitan protección científica. Eso es técnicamente incorrecto y económicamente suicida”, sostiene.
La paradoja del inventario incompleto
El IANIGLA reconoce que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está completamente actualizado en zonas mineras clave. Esa falta de delimitación precisa genera un vacío legal: si el inventario no define, la prohibición se extiende por duda.
Casarín propone que la ley aclaratoria resuelva esto de forma inmediata:
- Definiendo periglacial solo donde haya permafrost.
- Permitiendo que las empresas aporten estudios propios validados por IANIGLA y las provincias.
- Liberando áreas donde la ciencia determine que no existe riesgo hídrico.
La demora científica se convirtió en un freno económico. La política debe resolverlo.
Un mensaje directo al Congreso: precisión, no improvisación
Casarín lo resume sin ambigüedades: ninguna modificación debería reducir la protección de glaciares. Pero sí debe corregir el error técnico más grave de la ley: confundir alta montaña con zona hídrica sensible.
Pide que el Congreso legisle con criterio técnico, consulta federal y claridad jurídica.
“No se trata de flexibilizar. Se trata de hacer aplicable una protección que hoy, por imprecisa, destruye oportunidades sin proteger mejor”.
Lo que está en juego para la Argentina minera
La entrevista deja una conclusión contundente: Argentina no compite contra ambientalistas, sino contra Chile y Perú —países que ya avanzan con proyectos multimillonarios gracias a regulaciones claras.
Mientras tanto, las tres minas de cobre más grandes del pipeline argentino están detenidas por un concepto mal definido hace 15 años.
Si no se actúa antes de julio de 2026, la transición energética mundial seguirá avanzando sin Argentina dentro del mapa principal de proveedores.
Lo que viene
- El Gobierno prepara el debate para sesiones extraordinarias.
- Las provincias impulsan su propio frente técnico-político.
- Las empresas esperan un marco claro para ingresar al RIGI.
- IANIGLA acelerará trabajos de inventario.
- El Congreso enfrenta la decisión más importante de los últimos 20 años en materia minera.
Con información de Agendaindustrial.com
